El Ministerio Público colombiano ha dado un paso firme en la investigación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, al convocar a declarar a la magistrada Cristina Lombana. Esta decisión surge luego de los fuertes insultos que el funcionario profirió contra la togada durante un procedimiento judicial que desató una fuerte controversia institucional.
El incidente estalló cuando Benedetti calificó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia como “loca demente” y “delincuente”, en el marco de un allanamiento a su residencia en Puerto Colombia, Atlántico, ocurrido el 11 de noviembre de 2025. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, las declaraciones se realizaron en una entrevista telefónica mientras los agentes judiciales ejecutaban la orden emitida por la togada.
Benedetti ha cuestionado abiertamente la actuación de Lombana, argumentando que perdió su condición de aforado al abandonar el Senado en 2022, por lo que, según su criterio, la Corte Suprema no tendría competencia para llevar a cabo acciones en su contra en fases posteriores.
“La señora magistrada Lombana está loca demente y es una delincuente al mandar a allanar hoy la casa mía (…) la Sala me ha dado la razón a mí, ella no tenía por qué hacerlo porque ella es una delincuente ella ha investigado 50 familiares míos, es una loca demente”, afirmó Benedetti en declaraciones recogidas por Noticias RCN, en referencia al procedimiento judicial.

Avances en la investigación disciplinaria
Gracias a la compulsa de copias ordenada por el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación ha activado formalmente el proceso disciplinario. El objetivo es esclarecer si las declaraciones del ministro constituyen una falta en el ejercicio de sus funciones públicas.
Según informó Semana, el procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, citó a la magistrada Lombana para rendir testimonio bajo juramento, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 170 del Código General Disciplinario.
El Ministerio Público busca determinar si Benedetti vulneró los deberes de respeto, imparcialidad y rectitud que rigen a todo servidor público, especialmente en su relación con la administración de justicia. Las expresiones del ministro han sido calificadas por diversos sectores como injuriosas y potencialmente calumniosas, lo que podría configurar una falta disciplinaria grave.
Como parte de la práctica de pruebas, el testimonio de la magistrada se recabará inicialmente mediante un cuestionario escrito. Si Lombana opta por no responder bajo esta modalidad, se programará una audiencia presencial para recibir su declaración. Esta decisión ya ha sido notificada tanto al ministro como a su equipo de defensa legal dentro del proceso.

Contexto judicial y antecedentes del caso
El origen de esta controversia se remonta al allanamiento ejecutado en noviembre de 2025, como parte de una investigación contra Benedetti. En este contexto, la magistrada Cristina Lombana ha tenido un rol activo en la dirección de las diligencias judiciales relacionadas con el funcionario.
Tras estos hechos, se han producido diversas acciones legales en torno a la permanencia de Benedetti en el cargo. En segunda instancia, el Consejo de Estado determinó que el ministro podía continuar en sus funciones, al confirmar la decisión previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, miembro de la Sección Quinta, concluyó que los argumentos presentados en la demanda no eran suficientes para anular el nombramiento de Benedetti como ministro del Interior, cerrando así ese frente jurídico específico.
Paralelamente, la Procuraduría evaluó la gravedad de los hechos y, desde marzo de este año, decidió elevar el caso de indagación preliminar a investigación formal. Esto ha permitido avanzar en la recolección estructurada de pruebas.
En este marco, el testimonio de la magistrada Lombana se ha convertido en una prueba clave, ya que su versión permitirá esclarecer el contexto en el que se produjeron las declaraciones del ministro y su eventual impacto en el respeto debido a la función judicial.

Próximas decisiones del Ministerio Público
La Procuraduría continúa en la etapa de recolección y análisis probatorio. Para ello, el abogado Iván Gerardo Jácome Gutiérrez, miembro de la Sala Disciplinaria de Instrucción, fue designado para coordinar la diligencia de testimonio y garantizar el cumplimiento de las formalidades procesales.
Una vez que se obtenga la declaración de la magistrada, el Ministerio Público procederá a evaluar integralmente las pruebas recaudadas, con el fin de determinar si las conductas atribuidas a Benedetti configuran una falta disciplinaria sancionable.
El eje central del proceso es establecer si el ministro vulneró el deber de respeto hacia la administración de justicia y los funcionarios judiciales, un principio fundamental en el ejercicio de la función pública.
Si se comprueba su responsabilidad, la Procuraduría podría imponer sanciones disciplinarias, cuya naturaleza dependerá de la gravedad de la conducta y de las conclusiones derivadas del análisis del caso.
Fuente: Infobae