La cúpula del Partido Popular (PP) ha manifestado este lunes que las comunicaciones privadas de Koldo García, quien se desempeñó como asesor del exministro José Luis Ábalos, apuntan directamente a una «red de influencias gestada desde la Moncloa». Según la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, en este entramado el «matrimonio formado por Pedro Sánchez y Begoña Gómez jugó un papel fundamental de conseguidor». El partido subrayó en un comunicado oficial que el contenido de estos chats de WhatsApp confirma que el jefe del Ejecutivo español «está en el centro de la diana de la corrupción».
Dichas afirmaciones del bloque opositor se basan en una reciente investigación periodística de El Español, la cual expone supuestos mensajes extraídos del teléfono móvil de Koldo García. De acuerdo con este medio, el presidente Pedro Sánchez y su cónyuge habrían coordinado una estructura de influencias que conectaba a la Organización Mundial del Turismo (OMT), la aerolínea Air Europa y la República Dominicana. En este esquema, el comisionista Víctor de Aldama habría actuado como el puente intermediario entre la entidad turística, la compañía aérea y la sede del Gobierno.
Vínculos con rescates millonarios
Desde el PP se ha enfatizado que las evidencias encontradas en los textos de García sugieren una operativa de favores políticos y económicos articulada desde la residencia oficial del presidente.
«Empiezan a apuntar a una red de influencias gestada desde La Moncloa, con la implicación de ministros del Gobierno y con cesiones inmobiliarias y rescates millonarios de por medio»
, señala el partido. Además, la formación conservadora fue tajante al declarar que «el ‘caso Koldo’ es el ‘caso Sánchez’ y el presidente no tiene escapatoria».
Para los populares, la participación del presidente y Begoña Gómez era un secreto a voces entre los involucrados en la trama. Según el Partido Popular, el rol de la pareja presidencial como mediadora era «reconocible por el resto de los implicados, incluidos Koldo y Aldama». El comunicado añade que el mandatario y su mujer sirvieron de enlace entre el denominado «nexo corruptor» y la máxima autoridad de la OMT, coincidiendo con el periodo en que la «primera dama» mantenía vínculos de colaboración con Wakalua, una subsidiaria de Globalia que desarrollaba proyectos junto a la organización turística.
Cronología de la presunta corrupción
El principal partido de la oposición también puso el foco sobre la temporalidad de estos hechos. Se recalca que estas gestiones ocurrieron «apenas unos meses después de que el Gobierno aprobara el rescate millonario de Air Europa», empresa que pertenece al grupo Globalia. Dicha asistencia financiera del Estado se habría activado tras una serie de encuentros personales entre Begoña Gómez y el director ejecutivo de la firma, Javier Hidalgo. Para el PP, «todo está relacionado y los mensajes de Koldo lo están confirmando».
Adicionalmente, el partido de Núñez Feijóo sostiene que Sánchez no es ajeno a estos movimientos, sino que «forma parte de la trama». Argumentan que ninguna de las personas que actualmente se encuentran bajo investigación o privadas de libertad en su círculo cercano actuó sin su conocimiento previo. «El presidente del Gobierno está en el centro de la diana de la corrupción y cada día nuevas informaciones periodísticas así lo acreditan. Lo sabía, lo tapó y participó», aseveró la formación política.
Finalmente, el PP insistió en que las pruebas sobre el protagonismo del líder socialista en esta «trama corrupta que avergüenza a toda España» son cada vez más contundentes. La organización concluyó su declaración cuestionando la idoneidad del presidente en el cargo: «Quien vive en vilo por el contenido de los mensajes de un presidiario no merece el honor de ser presidente del Gobierno».
En cuanto a la situación legal de los implicados, Koldo García permanece recluido en prisión desde el pasado 27 de noviembre. Recientemente, el 19 de enero, el Tribunal Supremo ratificó la medida de prisión preventiva tanto para él como para el exministro Ábalos, argumentando un «alto» riesgo de fuga ante el inminente proceso judicial relacionado con el caso de la compra irregular de mascarillas.
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