Cuando un integrante de la familia real queda bajo la lupa de la justicia, se percibe como una transgresión a la tradición. No obstante, a través de los siglos, los miembros de la realeza en Gran Bretaña han sido objeto de sospechas de forma reiterada. Lo que verdaderamente convierte la detención de Andrew Mountbatten-Windsor en un hecho impactante es que se debe retroceder hasta el siglo XVII para hallar un suceso de magnitud similar.
Aunque los escándalos no son ajenos a la corona, las imputaciones por quebrantar la ley representan un escenario totalmente distinto. La caída en desgracia de Mountbatten-Windsor tendrá enormes repercusiones para la realeza británica y, al mismo tiempo, permite analizar cómo se ha transformado el trato hacia los monarcas desde el fallecimiento de la reina Isabel II.
Los momentos en que la corona tambaleó
Esta no constituye la primera ocasión en que la realeza de Reino Unido se enfrenta al sistema legal. En el año 1483, Ricardo III se vio implicado en el enigma de la desaparición de sus sobrinos, conocidos como los príncipes de la Torre. Estos menores eran los sucesores legítimos y, por ende, una amenaza para la legitimidad de Ricardo en el trono. A pesar de las sospechas, nunca compareció ante un tribunal y la evidencia sigue siendo motivo de debate entre historiadores.
No obstante, el choque más crítico entre la institución monárquica y la justicia ocurrió con Carlos I. El monarca fue señalado por traición durante la Guerra Civil Inglesa, lo que derivó en su arresto en 1649, su posterior juicio y una ejecución pública que estremeció a todo el continente europeo. Dicho evento desmoronó la idea de que los miembros de la realeza gozaban de impunidad ante la ley.
Como resultado de este proceso, Inglaterra suprimió la monarquía para instaurar una república liderada por Oliver Cromwell. Por lo tanto, la última vez que un familiar real fue detenido y procesado, la corona misma terminó desapareciendo. Este antecedente es vital porque resalta la extrema excepcionalidad de estos arrestos; durante más de 300 años, la institución evitó tal exhibición pública. Que la situación de Andrés obligue a evocar a Carlos I demuestra la gravedad del presente.
El uso de la reputación como blindaje real
Llegado el siglo XIX, la permanencia de la monarquía dependió menos del ejercicio de la fuerza y más de la construcción de una imagen pública sólida. Durante el mandato de la reina Victoria (1837-1901), la institución promovió la virtud doméstica y la rectitud moral como una barrera contra la inestabilidad política, convirtiendo la respetabilidad en una táctica de defensa contra el escándalo.
A pesar de estos esfuerzos, el poder y la fama atraen el escrutinio público. El príncipe Alberto Víctor, nieto de Victoria, enfrentó acusaciones de ser el autor de los crímenes de Jack el Destripador. Aunque la historiografía ha descartado esto como una teoría de conspiración, el rumor persiste como reflejo del temor social a los encubrimientos reales.
En otro episodio histórico, Jaime II fue destituido del trono en 1688 durante la Gloriosa Revolución, tras ser acusado de vulnerar las leyes protestantes. En su caso, fue el aparente abuso de sus facultades lo que le arrebató la corona. Ya en el siglo XX, Eduardo VIII provocó una crisis distinta; tras su abdicación en 1936, salieron a la luz pruebas de su cercanía con la Alemania nazi, incluyendo un encuentro con Adolf Hitler en 1937. Aunque no enfrentó cargos legales, el daño a la confianza ciudadana fue profundo.
La desaparición de la deferencia mediática
Durante gran parte de la centuria pasada, la familia real operó bajo una cultura de respeto y silencio por parte de la prensa, que evitaba profundizar en sus vidas privadas. Este pacto de discreción protegió a la corona hasta la década de 1990, cuando una ola de escándalos llevó a la reina Isabel II a denominar a 1992 como su «annus horribilis».
El fortalecimiento del periodismo de tabloides y la posterior llegada de la era digital terminaron por derribar estos muros. En la actualidad, el hermetismo solo alimenta las sospechas. Un ejemplo reciente fue el silencio inicial sobre el estado de salud de la Princesa de Gales a inicios de 2024, que finalmente forzó la revelación de su diagnóstico de cáncer.
Poder, influencias y la mirada del público
Incluso previo a la detención de Andrew Mountbatten-Windsor, la imagen de la corona ya se encontraba seriamente afectada ante la opinión pública.
Su arresto ocurre en un entorno mediático radicalmente distinto. En su etapa como delegado especial de comercio del Reino Unido, Andrés estableció vínculos con figuras empresariales y políticos de Asia Central y Oriente Medio, lo que generó dudas sobre si utilizó su posición oficial para beneficio de redes privadas.
Esta percepción se agravó en 2010 con el escándalo de su exesposa, Sarah Ferguson, quien fue grabada ofreciendo acceso al príncipe a cambio de sumas de dinero. Aunque Andrés negó su implicación, el concepto de una corona «monetizada» resultó sumamente corrosivo. Asimismo, en 2021, una investigación sugirió que el príncipe Michael de Kent, primo de la reina, pretendía usar su estatus para favorecer a una empresa a cambio de pagos, lo cual él negó rotundamente.
Una institución bajo la gestión de Carlos III
Si bien bajo el mandato de Isabel II la longevidad de la reina servía como un amortiguador ante las crisis, en el reinado de Carlos III la institución luce más vulnerable. La detención de Andrew Mountbatten-Windsor expone a la familia a un daño de prestigio considerable. Aunque fue liberado tras el arresto, el caso aún tiene implicaciones por resolver.
Como monarca constitucional, Carlos III carece de facultad para intervenir en procesos policiales o decisiones judiciales sin desencadenar un conflicto institucional. No obstante, ha tomado medidas internas:
- Ha retirado los títulos reales a su hermano.
- Le ha ordenado desalojar su residencia en Royal Lodge.
- Ha limitado la presencia de las hijas de Andrés en la vida pública oficial.
Pese a estas acciones, el poder del actual rey reside en su credibilidad y no en el control absoluto. En una sociedad que vigila constantemente, la monarquía ya no es juzgada en la intimidad de palacio, sino en el espacio público.
El peso de la historia y el juicio social
La memoria histórica es persistente: la última vez que un monarca fue arrestado, la monarquía fue abolida. Este eco del pasado sirve de advertencia sobre cómo los procesos penales que involucran a la corona afectan a toda la estructura, no solo al individuo implicado.
El caso de Mountbatten-Windsor evidencia la fragilidad de la confianza ciudadana. Expertos sugieren que el impacto mediático pudo haberse mitigado si su hermano Carlos hubiera actuado con más decisión y rapidez para apartarlo de los círculos más cercanos a la monarquía.
Los escándalos erosionan el misticismo que históricamente ha servido de escudo a la corona. La supervivencia de la monarquía no depende de un poder real, sino de su capacidad para proyectar dignidad, estabilidad y una imagen que se mantenga por encima de las controversias mundanas. Cuando un integrante de la realeza se ve inmerso en un proceso judicial, esa distancia se desvanece y la institución deja de parecer intocable.
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