La justicia de Perú ha iniciado el análisis de un recurso legal que podría tener repercusiones significativas en la situación diplomática de la exfuncionaria Betssy Chávez. El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima resolvió admitir a trámite una demanda de hábeas corpus en beneficio de la expremier, quien se encuentra bajo la protección de la Embajada de México en calidad de asilada desde noviembre del año pasado.
Esta acción jurídica, interpuesta por Rubén Serpa Valdez en representación de la delegación diplomática mexicana, no se limita únicamente a gestionar la partida de la exautoridad del territorio peruano. El documento propone el establecimiento de un blindaje jurídico sin precedentes para proteger su integridad y la autonomía de la sede internacional.
La motivación principal de este recurso radica en las expresiones vertidas por José Jerí, quien en su calidad de presidente planteó la alternativa de realizar un ingreso por la fuerza a las instalaciones diplomáticas de México. Esta maniobra buscaría hacer efectiva la orden de prisión preventiva contra Betssy Chávez, quien fue sentenciada a una pena de 11 años de cárcel tras los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, calificados como un intento fallido de golpe de Estado. Según el promotor de la demanda, estas advertencias son una amenaza tangible y severa que atenta contra la libertad personal y la inviolabilidad de la embajada, lo cual contraviene directamente lo estipulado en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Dentro del petitorio judicial, se exige que las autoridades procedan con la entrega inmediata de un salvoconducto. Este instrumento de derecho internacional es vital para que una persona asilada pueda trasladarse a una nación segura. No obstante, el reclamo va más allá e incluye la solicitud de suspender cualquier tipo de hostigamiento y la aplicación de multas coercitivas para los responsables estatales.
Demandas específicas del recurso de hábeas corpus
El expediente judicial detalla que el pedido del salvoconducto es solo una pieza dentro de un conjunto de medidas de protección integral. El demandante aspira a bloquear cualquier intento de captura dentro del recinto mexicano, amparándose en la inmunidad diplomática que rige en los tratados internacionales. A continuación, se detallan las exigencias que el sistema judicial está evaluando:
- Restricción a la fuerza pública: Se ha solicitado una prohibición terminante para que la Policía Nacional y el Ministerio Público realicen allanamientos, requisas o detenciones dentro de las instalaciones de la embajada. Se busca anular cualquier disposición que permita el uso de la fuerza en suelo diplomático.
- Freno a las disposiciones presidenciales: Ante los comentarios de José Jerí sobre una posible incursión forzosa, el recurso demanda que el mandatario y otras autoridades políticas o judiciales se abstengan de dar cumplimiento a órdenes de arresto dentro de la sede de México.
- Sanciones y procesos penales: El texto plantea un esquema de apercibimiento. Esto implica que cualquier autoridad que ignore el mandato judicial, incluyendo a los ministros de Estado, podría ser sancionada con multas económicas o enfrentar denuncias penales por desacato y violación de la inmunidad internacional.
- Finalización de la vigilancia externa: La demanda exige el cese de actos de vigilancia, hostigamiento o presencia de agentes de seguridad peruanos en las inmediaciones de la embajada, con el fin de eliminar la presión psicológica sobre la sede y sus residentes.
- Supervisión y reporte inmediato: Se requiere que cualquier resolución emitida sea notificada de forma urgente a las cúpulas del Poder Ejecutivo y que se mantenga un control estricto sobre su ejecución efectiva.
La jueza Rabines Briceño, a cargo del caso, admitió este proceso de hábeas corpus, el cual posee una naturaleza sumaria e informal según el Nuevo Código Procesal Constitucional. La magistrada determinó que, bajo la normativa interna y los acuerdos internacionales, ninguna entidad estatal posee la facultad de ejecutar mandatos judiciales dentro de sedes extranjeras. Por ello, el juzgado ha solicitado respuestas a la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior y al Poder Judicial.
Dichas instituciones cuentan con un plazo improrrogable de tres días para presentar sus descargos. De no cumplirse este tiempo, el tribunal emitirá una resolución basada únicamente en las evidencias ya presentes en el expediente. El veredicto final no solo definirá el futuro de Betssy Chávez, sino que también sentará un precedente sobre cómo Perú cumple sus tratados de protección diplomática y asilo en medio de tensiones bilaterales.
Fuente: Fuente