El presidente de la República, Gustavo Petro, ha generado una intensa controversia al denunciar públicamente lo que considera un riesgo inminente de fraude en los próximos comicios. El domingo 22 de febrero, el mandatario lanzó duras críticas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y diversos entes de control, acusándolos de no ser transparentes sobre la situación real del proceso electoral, a escasas dos semanas de la jornada del 8 de marzo, fecha en la que se elegirá al nuevo Congreso.
A través de un extenso pronunciamiento en la red social X, el jefe de Estado reaccionó a una publicación de prensa poniendo bajo la lupa la presunta vulnerabilidad tecnológica del sistema y la peligrosa centralización del poder en las instituciones encargadas de las votaciones. Petro utilizó un tono contundente para señalar que la infraestructura actual carece de la legitimidad necesaria, profundizando así la polarización en torno a las garantías de la infraestructura dispuesta para estas elecciones.
En su intervención, el mandatario responsabilizó directamente a múltiples organismos del Estado por lo que calificó como una distorsión de la realidad. Petro afirmó de manera tajante:
“No señores de @elespectador, ni señores de la Contraloría, la, Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría: es mentira que hace tres décadas se fortalece el sistema electoral, es una mentira a toda Colombia, burda, completamente falaz. Han caído dos códigos electorales aprobados por el congreso y tumbados por la justicia (sic)”
Asimismo, el gobernante centró sus cuestionamientos en el software de conteo de votos, recordando una decisión judicial de hace una década. Según el presidente, una sentencia de la sala plena del Consejo de Estado determinó que el programa informático de cómputo de la Registraduría presenta fallas de seguridad tanto internas como externas, calificándolo como no confiable y ordenando su reemplazo inmediato. En este contexto, recordó el caso del partido Mira, que inicialmente perdió su personería jurídica y curules debido a irregularidades técnicas.
El mandatario detalló que el Consejo de Estado comprobó en su momento que la Registraduría perpetró un fraude masivo contra el mencionado partido, afectando el software de procesamiento de datos para arrebatarles escaños obtenidos legítimamente. Para el presidente colombiano, el hecho de que esta resolución no se haya ejecutado plenamente representa un acto de desacato por parte de las autoridades electorales, lo que ha encendido las alarmas en el escenario político.
Cuestionamientos a la Registraduría y los organismos de control
De acuerdo con la visión de Gustavo Petro, existen anomalías persistentes que obligan a dudar de la transparencia del proceso y del rol de sus organizadores. El presidente sostuvo que la Registraduría ha ignorado el fallo judicial durante los últimos diez años al no sustituir el software vulnerable, el cual es proveído por la empresa Thomas Greg & Sons. Incluso vinculó a un expresidente y a exmiembros de juntas directivas de entidades de salud con dicha firma privada.
En su mensaje, el jefe de Estado también criticó que la misma compañía que gestiona las elecciones sea la encargada de la fabricación de pasaportes. Según sus palabras, instituciones como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía faltan a la verdad, sugiriendo que muchos de sus delegados tienen vínculos con el partido de Vega, a quien señaló como el primer funcionario en desobedecer la orden judicial debido a intereses en procesos de licitación.
Petro enfatizó que la Fiscalía General de la Nación es la entidad que debería pronunciarse sobre las investigaciones penales en curso. Ante este panorama, el presidente manifestó que asumirá la responsabilidad de denunciar formalmente el desacato al fallo de la sala penal del Consejo de Estado, desestimando las defensas de las autoridades electorales que aseguran que el sistema es robusto y ofrece plenas garantías a la ciudadanía.
El papel de Thomas Greg & Sons en el debate electoral
El punto neurálgico de las acusaciones radica en la operatividad de Thomas Greg & Sons, firma que se encarga de la impresión de tarjetones y del manejo biométrico de los comicios. No obstante, voceros de la Registraduría aclararon que la empresa solo administra un software para la difusión de resultados preliminares. Dicha plataforma, según la entidad, cuenta con la auditoría constante del CNE y de observadores internacionales para asegurar su transparencia.
Es importante destacar que, por mandato judicial emitido en 2021, el proceso de escrutinio final pasó a ser responsabilidad directa del Estado. Este fue el mismo sistema que validó las elecciones presidenciales de 2022, en las cuales el actual mandatario resultó ganador. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ha garantizado que todas las fuerzas políticas tendrán acceso en tiempo real a la evolución de los resultados, donde también se definirán candidaturas presidenciales.
Finalmente, la discusión también abarca el manejo de los formularios E-14, documentos que los jurados de votación completan en cada mesa. Las autoridades han reiterado que existe un monitoreo riguroso sobre estas actas, que contienen el conteo inicial de sufragios antes de la fase de escrutinio definitivo. Se ha prometido una revisión exhaustiva para corregir cualquier discrepancia técnica que pudiera presentarse durante la transmisión de la información al país.
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