El jefe del gabinete ministerial, Luis Enrique Arroyo Sánchez, validó oficialmente la compra de una flota de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú. A través de un pronunciamiento oficial, el funcionario destacó que la medida responde a una serie de “compromisos de defensa nacional” adquiridos previamente, señalando que incumplirlos derivaría en penalidades contractuales onerosas que afectarían el prestigio del país. Arroyo Sánchez fue enfático en la necesidad de respetar los términos y cronogramas de los acuerdos firmados.
De acuerdo con la información difundida por la Cancillería, el proceso de adquisición de estas aeronaves trasciende las discusiones financieras. El comunicado reza lo siguiente:
“El presidente del Consejo de Ministros hace de conocimiento que el proceso de contratación para la adquisición de aviones F-16, independientemente a los asuntos económicos y legales que involucran, obedece a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que, además, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas”
La interrupción de este proyecto militar conlleva un peligro económico sin parangón. El plan para obtener 24 cazas F-16 Block 70 tiene un valor estimado de USD 3.500 millones. El contrato inicial, concretado el pasado 20 de abril, exigía un pago preliminar de USD 2.000 millones antes del vencimiento del 22 de abril. La negativa inicial de la presidencia para liberar estos fondos provocó una crisis en el gabinete, resultando en la dimisión del canciller Hugo de Zela y del titular de Defensa, Carlos Díaz, sumado a una advertencia diplomática de Estados Unidos sobre posibles repercusiones.
Prioridad estratégica y modernización militar
El primer ministro argumentó que la defensa de la soberanía y el mandato constitucional obligan al Estado a proveer de herramientas operativas a las Fuerzas Armadas. Esta decisión se alinea con las directrices del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), organismo rector en materia de seguridad estratégica. Para el Ejecutivo, cumplir con el contrato es vital para mantener la credibilidad de Perú ante sus aliados internacionales.
El acuerdo detallado, cuya firma tuvo lugar en la Base Aérea de Las Palmas el 20 de abril, estipula la llegada de 12 unidades iniciales (diez modelos F-16C monoplazas y dos F-16D biplazas) por un monto de USD 1.540 millones. Este paquete, gestionado con Lockheed Martin, integra no solo el armamento y los repuestos, sino también un programa de transferencia tecnológica que incluye la coproducción de drones y capacitación especializada. La versión Block 70 destaca por su radar APG-83 AESA y sistemas de guerra electrónica, siendo catalogada como la variante más avanzada disponible actualmente.
«Como peruano, militar y presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de transición tengo la inmensa responsabilidad de cumplir mi palabra empeñada al Congreso de la República y a todos los peruanos al haberme otorgado el voto de confianza“
Luis Enrique Arroyo Sánchez advirtió que no avanzar con la compra dejaría a la Fuerza Aérea en una situación vulnerable, dado que las actuales flotas de Sukhoi y Mirage ya han superado los 35 años de operatividad. “Venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato”, manifestó, alertando sobre el riesgo de aislamiento internacional y multas financieras si el país retrocede en sus obligaciones.
Impacto de la crisis institucional
La parálisis del proyecto por parte del presidente José María Balcázar generó una inestabilidad política considerable. Balcázar argumentó que el alto endeudamiento hacía necesario que el siguiente gobierno revisara la compra, una postura que fue criticada por la falta de alineación con decretos previamente autorizados. Esta situación puso en jaque la modernización del Grupo Aéreo N° 4 en Arequipa.
A nivel diplomático, el representante de la embajada de Estados Unidos, Bernie Navarro, expresó mediante la plataforma X que su país empleará las herramientas necesarias para salvaguardar la seguridad regional si se detecta falta de transparencia en los compromisos. Además de la flota de combate, el acuerdo incluía la donación de un avión cisterna Boeing KC-135R, valorado en USD 50 millones, beneficio que quedaría anulado si el contrato fracasa definitivamente ante las presiones internas y el contexto electoral.
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