La Policía Nacional del Perú (PNP) ha oficializado una alerta interna de máxima prioridad, ordenando la intensificación de las inspecciones en todo el territorio nacional. El objetivo principal de este despliegue es mitigar el riesgo de una posible salida del país de Piero Corvetto, actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de informaciones sobre el inicio de procedimientos judiciales en su contra.
Esta determinación institucional surge tras la profunda crisis política y social detonada por las fallas críticas en la logística de los comicios generales del pasado 12 de abril. Durante dicha jornada, la deficiente distribución de los insumos de votación privó a miles de ciudadanos peruanos de su derecho al sufragio, lo que forzó a las autoridades a extender el horario de las urnas de manera excepcional.
Vigilancia extrema en fronteras
Según reportes de inteligencia interna, la vigilancia extrema obedece a datos que sugieren la tramitación de una detención preliminar de siete días contra Corvetto. Asimismo, se contemplarían acciones de registro e incautación de bienes que afectarían tanto al titular del ente electoral como a otros funcionarios involucrados en las investigaciones. Es importante precisar que, hasta el momento, tales medidas no han recibido una confirmación oficial por parte de las autoridades competentes.
En respuesta a este escenario, el responsable del Comando de Operaciones Policiales instruyó desde la noche del sábado el reforzamiento de la seguridad en puntos estratégicos. Entre las infraestructuras que cuentan con mayor presencia de efectivos se encuentran:
- Aeropuertos internacionales y nacionales.
- Puertos marítimos.
- Terminales terrestres de pasajeros.
- Puestos fronterizos y zonas de control limítrofe.
La operatividad de este plan ha sido delegada a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), las cuales deben ejecutar maniobras tácticas bajo sus respectivas áreas de acción. Paralelamente, la Dirección de Inteligencia tiene la misión de coordinar con las delegaciones regionales para neutralizar cualquier intento de fuga o evasión de los controles migratorios.
Las directrices policiales enfatizan la obligatoriedad de reportar de forma inmediata cualquier novedad significativa que requiera seguimiento. Por otro lado, ni el titular de la ONPE ni la institución que dirige han emitido un pronunciamiento oficial para esclarecer su postura frente a estos acontecimientos.
Investigaciones en curso
Actualmente, el desempeño de Corvetto está bajo la lupa de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este organismo espera los descargos del funcionario en el marco de una indagación previa por la falta de instalación de mesas y los retrasos sistémicos observados el día de las elecciones.
El jefe electoral tiene como límite el próximo 24 de abril para entregar sus alegaciones de defensa. Se proyecta que la JNJ publique un informe definitivo entre la primera y la segunda semana de mayo, donde se resolverá si se abre un proceso disciplinario. Este escenario legal podría culminar en:
- Destitución del cargo.
- Remoción inmediata.
- Absolución total de los cargos.
En otra arista del caso, se destaca que Corvetto no asistió a su cita programada el pasado viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP. El funcionario, citado inicialmente como testigo, solicitó que su declaración sea reprogramada para realizarse vía telemática en un tiempo considerado razonable.
Esta comparecencia está vinculada a las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre el proceso de selección de la firma Galaga S.A.C.. Dicha empresa, que ya contaba con sanciones previas por fallos contractuales, fue la responsable de repartir el material electoral en los recientes y polémicos comicios.
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