El sistema judicial peruano, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ha dictaminado la prórroga de la etapa de investigación preparatoria que se sigue contra el exmandatario Pedro Castillo. Si bien el Ministerio Público había planteado inicialmente un plazo de 24 meses, el magistrado Edhin Campos resolvió que un periodo de 20 meses adicionales resulta lo más equilibrado y razonable para concluir las diligencias que aún se encuentran en curso.
La resolución oficial justifica esta extensión amparándose en la “extrema complejidad” del proceso judicial. En este expediente se encuentran bajo la lupa un total de 98 ciudadanos investigados, entre los que figuran exfuncionarios con fuero especial y ciudadanos particulares, quienes presuntamente integraron un entramado de corrupción que operó en las esferas de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo.
Desde la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se argumentó que la solicitud de prórroga no es consecuencia de una supuesta falta de diligencia, sino que responde directamente a las particularidades y dimensiones del caso.
Diligencias pendientes en el cronograma fiscal
Dentro del nuevo plazo de 20 meses, la justicia deberá completar tareas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, tales como:
- La inspección y análisis técnico de 40 dispositivos informáticos incautados.
- La recepción de testimonios de un total de 121 personas vinculadas al caso.
- El procesamiento exhaustivo de la información obtenida tras el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones.
- La ejecución de peritajes especializados en contabilidad e ingeniería civil sobre diversas obras públicas desarrolladas en las regiones de Cajamarca, Amazonas y Loreto.
A pesar de que la defensa técnica de Pedro Castillo intentó frenar la medida alegando una presunta ineficiencia en el trabajo de los fiscales, el juez ratificó que el tiempo adicional es indispensable para un esclarecimiento total de la verdad. Esto permitirá determinar si finalmente se procede con una acusación formal o si la causa debe ser archivada.
Cargos y estructura de la presunta red criminal
Las autoridades judiciales imputan a Pedro Castillo el rol de cabecilla de una estructura delictiva que habría instrumentalizado el aparato del Estado para fines ilícitos. Los delitos que se le atribuyen en este proceso específico incluyen organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
La tesis que maneja la Fiscalía sugiere que la planificación de este esquema delictivo se habría iniciado incluso antes de su llegada a la presidencia, específicamente durante el periodo de la segunda vuelta electoral en el año 2021. Una vez que asumió el mando, el objetivo central de la organización habría sido el direccionamiento irregular de licitaciones y contratos estatales.
De acuerdo con el expediente, estas actividades irregulares se habrían concretado en tres dependencias estratégicas:
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: A través de la manipulación de proyectos de infraestructura amparados en el Decreto de Urgencia N.° 102-2021.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Mediante la intervención directa en los procesos de Provías Nacional y Provías Descentralizado.
- Petroperú S.A.: En lo referente a la compra de biodiésel y la adjudicación de diversos contratos internos de la compañía estatal.
Continuidad de la medida de prisión preventiva
En una resolución paralela, el Poder Judicial determinó extender por 12 meses más la prisión preventiva que pesa sobre el expresidente. Esta disposición, también emitida por el juez Edhin Campos, se fundamenta en un incremento significativo del peligro de fuga, especialmente tras la reciente condena de 11 años y 5 meses dictada contra Castillo por el delito de conspiración para la rebelión.
El fallo judicial resalta que tener una sentencia en primera instancia aumenta la posibilidad de que el investigado intente evadir la justicia para no cumplir una pena de cárcel prolongada. Asimismo, el análisis de riesgo procesal incluyó el factor geopolítico, señalando que las posturas del Gobierno de México establecen
“un marco internacional de protección política efectiva que trasciende lo hipotético y demuestra la viabilidad material de un eventual acogimiento del investigado en el extranjero”
, lo cual representa una amenaza real para la continuidad del proceso penal en suelo peruano.
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