Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), ha comunicado que, tras una exhaustiva revisión de los archivos históricos de su organización, se ha confirmado que la nota atribuida al Comité Central sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 nunca existió. Santiago calificó la reciente divulgación de documentos relacionados con el 23-F como una
“clarísima operación de blanqueo”
destinada a mejorar la imagen pública del exjefe de Estado, Juan Carlos I.
La controversia gira en torno a un documento con fecha del 11 de mayo de 1981, supuestamente vinculado a la Dirección General de la Policía. Dicho texto sugería que el PCE habría instruido a su entonces dirigente, Santiago Carrillo, para que evitara señalar públicamente al monarca en la asonada militar. No obstante, Enrique Santiago enfatizó que no hay rastro de tal comunicación en los fondos documentales, lo que pone en entredicho la integridad de otras piezas que han sido desclasificadas recientemente.
Infiltración policial en la democracia
El líder comunista también aprovechó para denunciar que los registros evidencian un alto grado de espionaje contra su formación política durante la transición. A pesar de que el PCE fue parte fundamental en la redacción de la Constitución de 1978, Santiago subrayó que el partido fue objeto de vigilancia constante.
“El PCE estaba absolutamente infiltrado hasta arriba por la Policía”
, aseveró, señalando que estas prácticas eran remanentes directos de la estructura de la dictadura operando en pleno periodo democrático.
En el contexto de la apertura de los archivos, Santiago reafirmó las sospechas de que este proceso busca ocultar la responsabilidad de Juan Carlos I. Sostuvo que existe una percepción de que el padre de Felipe VI estaba al tanto de los preparativos golpistas y que decidió retrasar su intervención inicial para evaluar el nivel de respaldo que los capitanes generales y las Fuerzas Armadas otorgarían a la insurrección.
Documentación perdida y secretos de Estado
El secretario general del PCE recordó que hay un consenso entre los historiadores sobre la desaparición o el ocultamiento de evidencias cruciales para desentrañar lo ocurrido en 1981. Entre los episodios mencionados, destaca el caso de un capitán de los servicios secretos, conocidos entonces como CESID, que supuestamente huyó del país portando una maleta con documentos de alta sensibilidad relacionados con el caso que nunca fueron recuperados.
Ante esta situación, el dirigente político hizo un llamado a terminar con las desclasificaciones parciales o selectivas. Santiago defendió la implementación de una desclasificación “automática y global” y exigió la creación de una nueva Ley de Secretos Oficiales. El objetivo es reemplazar la normativa vigente, de origen franquista, para asegurar que la ciudadanía tenga acceso pleno a la información histórica una vez transcurrido un tiempo prudencial.
Durante sus declaraciones en los pasillos del Congreso, Enrique Santiago insistió en la urgencia de superar el marco legal actual para impedir filtraciones o manipulaciones de los registros. Según su visión, la normativa vigente obstaculiza el acceso a datos completos sobre episodios centrales de la historia reciente, como el 23-F, y perpetúa la falta de transparencia en torno a las responsabilidades institucionales.
Esta postura se inserta en el actual debate sobre la memoria democrática en España. Las críticas de Santiago se unen a las de otros sectores que exigen una mayor apertura documental para resolver las dudas persistentes sobre la Transición. Para el dirigente, la verificación interna en los propios archivos del PCE es una herramienta necesaria para combatir lo que consideran versiones distorsionadas de la historia del país.
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