El máximo responsable de Telegram, Pavel Durov, ha hecho un llamado urgente a los ciudadanos españoles para que se mantengan «vigilantes», exijan una transparencia total y protejan sus derechos fundamentales. Este pronunciamiento surge a raíz de las recientes declaraciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha comunicado la intención de prohibir el uso de plataformas digitales a menores de 16 años.
Además de la restricción por edad, el plan gubernamental contempla una serie de normativas destinadas a fiscalizar a las compañías tecnológicas y a sus cúpulas directivas en caso de no retirar contenidos calificados como «ilegales o de odio». Ante esto, Durov manifestó una postura crítica:
«Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total. Hemos visto este guion antes -gobiernos utilizando la seguridad para censurar a sus críticos. En Telegram, priorizamos vuestra privacidad y libertad: cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso»
Implicaciones penales para directivos
El mandatario Pedro Sánchez también adelantó que el Ejecutivo trabaja en una propuesta para reformar el Código Penal. El objetivo de este cambio legislativo es que los líderes de las redes sociales asuman una responsabilidad penal directa por las infracciones detectadas en sus entornos virtuales, especialmente ante el incumplimiento de órdenes para eliminar material ilícito.
Para el creador de Telegram, este conjunto de leyes podría transformar a la nación en un Estado de vigilancia bajo el argumento de la «protección». En este contexto, subrayó que la prohibición para los menores de 16 años con verificación obligatoria forzaría a las empresas a implementar mecanismos de rastreo exhaustivos, tales como el uso del DNI o sistemas de biometría.
La amenaza al anonimato y la libertad de expresión
Sobre la identificación de los usuarios, Durov lanzó una advertencia clara:
«Establece un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos. Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto»
Asimismo, el empresario alertó sobre la posibilidad de que los responsables de las plataformas terminen
«ir a la cárcel si no se elimina rápidamente el contenido ilegal, odioso o perjudicial»
. Según su perspectiva, esta presión legal
«forzará la sobrecensura»
.
El fundador profundizó en las consecuencias de este escenario, señalando que:
«Las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo»
.
Riesgos de propaganda y control estatal
El análisis de Pavel Durov también se centró en cómo las nuevas disposiciones
«convierten en delito»
la acción de amplificar materiales considerados «perjudiciales». A su juicio, esto permitirá que
«Los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado. ¿Exploración libre de ideas? Desaparecida-reemplazada por propaganda curada»
.
Finalmente, el directivo se refirió a la obligación de las plataformas de vigilar y reportar la forma en que su actividad pudiera
«alimentar la división»
. Durov concluyó advirtiendo que las interpretaciones ambiguas sobre lo que constituye el «odio» podrían derivar en el etiquetado de críticas legítimas a la gestión pública como discursos divisorios, facilitando multas o cierres. «Esto puede ser una herramienta para suprimir a la oposición», sentenció.
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