Una multitud de seguidores del expresidente Evo Morales ocupó este sábado el aeropuerto de Chimoré, ubicado en el Trópico de Cochabamba, con el objetivo de impedir su aprehensión. El exmandatario enfrenta tres órdenes de detención en el marco de procesos judiciales que incluyen acusaciones por estupro y trata de personas. La acción fue catalogada como “pacífica” por el dirigente Teófilo Sánchez, y se desarrolla en un contexto de fuertes tensiones políticas y bloqueos que afectan a varias regiones del país.
La movilización en la terminal aérea responde al temor de los manifestantes de que se ejecute un operativo para capturar a Morales. De acuerdo con los líderes del movimiento, la defensa del exmandatario es una prioridad absoluta para sus bases, incluso si ello implica el riesgo de enfrentamientos o actos violentos. Sánchez declaró al periódico local El Deber:
“Las bases han dicho, aquí vamos a defender a nuestro líder indiscutible aunque cuesten vidas, por eso ellos se concentraron y han tomado el aeropuerto de Chimoré”.
Para mantener la pista inutilizable, los seguidores de Morales colocaron piedras, ramas y diversos objetos a lo largo de la pista de aterrizaje, impidiendo cualquier operación aérea. Este aeropuerto ha sido escenario de tomas similares desde la crisis política de noviembre de 2019, cuando el exmandatario abandonó el país. Durante los gobiernos de Luis Arce y con Eduardo Del Castillo al frente del Ministerio de Gobierno (2024-2025), los cocaleros del Chapare mantuvieron el control de la terminal por períodos prolongados.
Evo Morales enfrenta procesos judiciales derivados de denuncias sobre supuestos hechos ocurridos en 2015 con una adolescente. Las órdenes de detención están vinculadas principalmente a un caso de estupro y trata de personas. Según Sánchez, la ocupación del aeropuerto se basó en información que alertaba sobre operativos preparados por el Gobierno y el presidente Rodrigo Paz para ejecutar la captura del exmandatario.
Mientras tanto, los bloqueos impulsados por grupos afines a Morales mantienen a La Paz incomunicada desde hace 16 días. Esta situación ha provocado una grave escasez de alimentos, carne, medicamentos, combustibles y oxígeno para hospitales. Como consecuencia directa, al menos tres mujeres fallecieron al no poder acceder a atención médica de urgencia, según los balances oficiales. El desabastecimiento también afecta a otras regiones como Oruro, Santa Cruz y Cochabamba, agravando la crisis social.
Morales sostiene que existe un plan para detenerlo, presuntamente con participación de la DEA, y rechaza las acusaciones de que su entorno financia o dirige las protestas en las carreteras. En medio del conflicto, el vocero presidencial José Luis Gálvez declaró: “El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes”, responsabilizando a Morales y sus aliados de buscar la ruptura de la democracia. Por su parte, el exmandatario niega todas las acusaciones y exige un proceso legítimo en su contra.
Las protestas no solo han generado desabastecimiento, sino también violencia. Durante los operativos para restablecer el tránsito, periodistas y trabajadores de la prensa fueron víctimas de agresiones y retención por parte de bloqueadores radicales en zonas rurales del sur de La Paz, como Lipari y Huajchilla. Asimismo, las fuerzas del orden y los comunicadores fueron atacados con dinamitas y explosivos caseros lanzados por manifestantes. Pese al uso de gases lacrimógenos, la dispersión fue difícil por el terreno abierto, y los bloqueadores retomaron el control de puntos estratégicos en la ruta entre La Paz y Río Abajo.
En total, la Defensoría del Pueblo informó sobre el arresto de 57 personas este sábado durante operativos conjuntos en los que participaron más de 3.500 policías y militares para desbloquear carreteras y restablecer el abastecimiento de alimentos y medicinas. El monitoreo de la situación continúa ante el riesgo de nuevas acciones y represalias. A pesar de la escalada de denuncias y las persistentes vías bloqueadas, Morales insiste en exigir garantías de seguridad y respeto a su derecho a la defensa, mientras la crisis sigue generando impactos profundos en Bolivia.
Fuente: Infobae