Desde este sábado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos se encuentra en un estado de parálisis presupuestaria. Esta situación responde a las profundas divergencias entre los bloques demócrata y republicano sobre la gestión de la policía de inmigración (ICE), especialmente tras dos incidentes con resultados fatales ocurridos en Mineápolis.
La postura de los demócratas es tajante: se niegan a autorizar cualquier partida de financiamiento adicional para el DHS si no se ejecutan transformaciones estructurales en las tácticas del ICE. Esta agencia federal es el pilar de la estrategia de control migratorio impulsada por el gobierno del presidente republicano Donald Trump.
Como consecuencia de este bloqueo, en el transcurso de los siguientes días, miles de funcionarios quedarán en paro técnico. Por otro lado, aquellos trabajadores cuyas tareas son catalogadas como indispensables deberán continuar con sus labores habituales. No obstante, en ambos casos, su salario no será abonado hasta que el Congreso logre ratificar un presupuesto formal para el DHS, entidad que supervisa al ICE.
“Donald Trump y los republicanos han decidido que no tienen ningún interés en controlar al ICE”
, manifestó el pasado viernes Hakeem Jeffries, quien lidera a los demócratas en la Cámara de Representantes. En contraparte, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló a través de Fox News que detrás de esta obstrucción presupuestaria existen únicamente “razones políticas y partidistas”.
A pesar de la falta de consenso financiero en el legislativo, se ha confirmado que el ICE podrá seguir operando durante el bloqueo, ya que cuenta con recursos remanentes que el Congreso autorizó durante el año anterior.
Impacto en la seguridad y agencias federales
El senador demócrata John Fetterman restó importancia a la afectación directa sobre la policía migratoria, asegurando que la parálisis gubernamental tendrá “literalmente cero impacto” sobre dicha institución. Sin embargo, otras dependencias críticas bajo el mando del DHS sí enfrentarán dificultades severas, tales como Fema, el organismo responsable de brindar asistencia ante desastres naturales.
De igual forma, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargada de la vigilancia en las terminales aéreas, utilizó la red social X para alertar que un cierre de presupuesto extendido podría derivar en un incremento de los tiempos de espera y en la posible cancelación de vuelos.
Para conceder su voto a un nuevo presupuesto, los demócratas han planteado una serie de exigencias específicas:
- Patrullajes reducidos en zonas sensibles.
- La prohibición de que los agentes de ICE usen pasamontañas en sus operativos.
- La obligación de obtener una orden judicial previa para ingresar a cualquier propiedad privada.
La resistencia demócrata hacia el ICE se agudizó tras los trágicos fallecimientos de Renee Good y Alex Pretti en enero. Ambos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida a manos de agentes federales en Mineápolis, en el marco de manifestaciones organizadas contra las redadas migratorias.
Debido al sistema de votación en el Senado de EE.UU., se requiere alcanzar una mayoría de 60 votos de un total de 100 para aprobar leyes de presupuesto. Esto obliga a los republicanos, aun teniendo la mayoría, a buscar el apoyo de varios integrantes de la oposición para validar el financiamiento del DHS.
Negociaciones y desacuerdos en la Casa Blanca
Frente a las peticiones del sector demócrata, el Ejecutivo afirmó tener voluntad de diálogo y presentó una contrapropuesta la noche del miércoles. John Thune, líder de la bancada republicana en el Senado, describió la iniciativa como una “oferta extremadamente seria” y advirtió que los demócratas “nunca van a obtener toda su lista de deseos”.
Pese a esto, la oposición rechazó la oferta del Gobierno de forma inmediata, lo que confirma el estancamiento de las conversaciones por el momento.
“Los dólares de los contribuyentes deben utilizarse para hacer la vida más asequible para el pueblo estadounidense, no para brutalizarlo o matarlo”
, enfatizó Jeffries en sus críticas.
Esta nueva parálisis administrativa marca el tercer episodio de este tipo desde que se inició el segundo periodo presidencial de Donald Trump.
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