La sociedad civil dio un paso para incidir en la implementación de la nueva Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer. El pasado 3 de julio, representantes de pacientes, médicos, universidades y organizaciones entregaron al Ministerio de Salud Pública los aportes técnicos para la elaboración del reglamento que permitirá aplicar la normativa en todo el país.
La iniciativa fue impulsada por la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, que convocó a un proceso participativo realizado el 19 de junio y que reunió a 81 instituciones y 107 representantes de nueve provincias, entre autoridades, hospitales públicos, SOLCA, universidades, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.
Gustavo Dávila, presidente de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, explicó que el documento entregado recoge 44 páginas de propuestas técnicas construidas desde la experiencia de quienes enfrentan diariamente esta enfermedad.
“Una ley sin reglamento real no sirve de nada”, afirmó Dávila.
Según Dávila, uno de los principales problemas que busca resolver el reglamento son los retrasos en el diagnóstico.
Explicó que, en muchos casos, una persona puede esperar entre seis meses y un año desde la aparición de los primeros síntomas hasta obtener un diagnóstico y comenzar el tratamiento, tiempo que puede ser determinante para su pronóstico.
Otro de los ejes centrales de la propuesta es garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos oncológicos.
El dirigente advirtió que la suspensión de quimioterapias durante semanas o meses disminuye significativamente las posibilidades de supervivencia de los pacientes. Por ello, el documento propone fortalecer los mecanismos de farmacovigilancia, agilizar la incorporación de nuevos fármacos y transparentar los procesos de adquisición y distribución de medicamentos.
Atención más cercana al lugar donde vive el paciente
Entre las recomendaciones también se plantea mejorar la coordinación de la red pública de salud para evitar que los pacientes deban trasladarse a otras provincias cuando en su ciudad no existen medicamentos o disponibilidad de tratamientos.
Dávila señaló que estos desplazamientos implican altos costos económicos para las familias y representan una carga adicional en medio del proceso de la enfermedad.
Asimismo, la propuesta incorpora medidas específicas para la atención del cáncer infantil, con protocolos diferenciados y equipos especializados, al considerar que niños y adolescentes requieren tratamientos distintos a los de los adultos.
Registro nacional y mecanismos de control
Otro de los planteamientos busca crear un registro nacional obligatorio de pacientes con enfermedades oncológicas.
Para la Fundación, la ausencia de estadísticas oficiales dificulta la planificación de políticas públicas y la asignación de recursos.
Dávila indicó que actualmente el país depende de estimaciones internacionales para conocer la incidencia del cáncer y sostuvo que el reglamento debe establecer mecanismos de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas que permitan verificar el cumplimiento de la ley.
También insistió en que la publicación periódica de información sobre compras, distribución de medicamentos y financiamiento fortalecería el control ciudadano y reduciría la incertidumbre de los pacientes.
El proceso continúa
Tras la entrega del documento al Ministerio de Salud, la Fundación informó que los aportes también fueron remitidos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, instancia encargada de la elaboración del reglamento definitivo.
Dávila señaló que en los próximos días mantendrán reuniones técnicas con las autoridades para socializar las propuestas y procurar que sean incorporadas en el texto final.
“Trabajamos pensando no solo en los pacientes de hoy, sino también en quienes serán diagnosticados en el futuro y merecen un sistema de salud más oportuno y digno”, concluyó.
Radio Pichincha
LV