Este viernes 27 de marzo, un juez de Control del estado de Michoacán autorizó a la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la gestión de Carlos Torres Piña, la emisión de una orden de aprehensión formal en contra del exmandatario estatal Silvano Aureoles Conejo. La medida judicial responde a su presunta implicación en los trágicos eventos conocidos como la masacre de Arantepacua.
El alcance de la resolución judicial no se limita al exgobernador, quien ejerció el cargo desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2021. Los informes señalan que también se ha dictado un mandamiento de captura contra Juan Bernardo Corona, quien fungiera como secretario de Seguridad de la entidad, además de otros 14 agentes de la policía estatal, todos señalados por su posible participación en el operativo mencionado.
Los hechos violentos que originaron este proceso legal se registraron el 5 de abril de 2017 en la localidad de Arantepacua, situada en el municipio de Nahuatzen. Aquella jornada dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y múltiples denuncias por actos de tortura cometido por las fuerzas del orden.
Casi una década de exigencia de justicia
La reactivación del caso ocurre tras casi nueve años de persistente lucha por parte de los familiares de las víctimas y diversas agrupaciones civiles. Estas organizaciones han mantenido viva la demanda de justicia para la comunidad purépecha, recurriendo a constantes movilizaciones y manifestaciones públicas para denunciar la impunidad que rodeaba a los altos mandos de la administración pasada.
Detalles de la investigación y delitos imputados
La FGE de Michoacán fundamentó la solicitud de captura tras un exhaustivo análisis de la actuación policial durante la incursión en Arantepacua. De acuerdo con fuentes judiciales, el proceso penal se sustenta en la presunta responsabilidad en delitos de gravedad extrema, tales como:
- Homicidio calificado
- Abuso de autoridad
- Torture
En total, el juzgador emitió 16 órdenes de aprehensión que abarcan tanto a la cúpula política de seguridad del estado como a los elementos operativos que ejecutaron las acciones en el terreno. Esta acción legal pone de manifiesto una presunta estructura de responsabilidades dentro del aparato de seguridad pública de Michoacán.
Sumado a las acusaciones por violaciones a los derechos humanos, Aureoles Conejo arrastra otras investigaciones por irregularidades financieras. El actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció formalmente el desvío de aproximadamente 5.186 millones de pesos durante el sexenio de Aureoles, un expediente que las autoridades fiscales han seguido de cerca desde hace cuatro años.
Situación actual y presunta fuga al extranjero
A principios de marzo de 2026, surgieron especulaciones sobre una supuesta detención del exgobernador, noticia que fue desmentida poco después. Según declaraciones del fiscal Carlos Torres Piña, existen indicios de que Silvano Aureoles habría abandonado territorio mexicano hace aproximadamente un año, justo cuando las indagatorias judiciales en su contra tomaron mayor fuerza.
El titular de la fiscalía mencionó que, según datos extraoficiales recabados en diversas diligencias, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) podría haber facilitado la salida del país del exfuncionario. Actualmente, las autoridades mantienen vigentes alertas de búsqueda nacionales e internacionales, con el objetivo de dar con su paradero.
Las líneas de investigación actuales sugieren que el exmandatario pudo haberse desplazado inicialmente hacia la frontera norte para después trasladarse a otro continente, barajándose naciones como Canadá o España como posibles destinos de su exilio.
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