Diversas agrupaciones políticas en Venezuela solicitaron este viernes la realización inmediata de nuevos comicios presidenciales. La petición surge ante lo que califican como una “ausencia absoluta” del mandatario Nicolás Maduro, sobrepasando el periodo de 90 días contemplado por la Carta Magna para estos escenarios de crisis institucional.
Desde el pasado 5 de enero, Delcy Rodríguez ejerce funciones como presidenta encargada tras su juramentación oficial. Este relevo ocurrió apenas dos días después de que fuerzas de seguridad estadounidenses capturaran a Maduro, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por narcotráfico en la ciudad de Nueva York.
“Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República”
El comunicado emitido por la organización política Vente, liderada por la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, subraya la obligatoriedad de convocar al electorado. Según el texto, “debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria”.
La normativa venezolana es clara respecto a las vacantes en el Ejecutivo: las ausencias temporales deben ser cubiertas por la vicepresidencia ejecutiva hasta por un periodo de noventa días. No obstante, si esta falta se extiende más allá de dicho tiempo consecutivo, los integrantes de la Asamblea Nacional tienen la potestad de decidir, mediante mayoría, si la situación debe considerarse como una falta absoluta definitiva.
Exigencia de una transición democrática
Pese a la presión de sectores sociales, la directiva del Parlamento, controlada en su mayoría por el oficialismo, no ha incluido el tema electoral en su agenda de debates. Por su parte, Delcy Rodríguez, quien administra el país bajo una fuerte vigilancia de Estados Unidos —administración que asegura controlar la industria petrolera local tras la captura de Maduro—, tampoco ha manifestado públicamente intenciones de convocar a nuevos comicios.
Adicionalmente, diversos movimientos políticos reclaman no solo la convocatoria a las urnas, sino también una renovación profunda de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que ha sido señalado reiteradamente por favorecer a los intereses gubernamentales.
Es importante recordar que el 28 de julio de 2024, Maduro fue proclamado ganador para un tercer periodo consecutivo. Sin embargo, el ente electoral no presentó las actas detalladas con los cómputos oficiales, tal como exige la ley, argumentando que sus sistemas sufrieron un jaqueo informático.
Esta situación fue denunciada como un fraude por la plataforma opositora, que reivindicó la victoria de su abanderado, Edmundo González Urrutia. El exdiplomático debió partir al exilio en septiembre de ese mismo año tras ser procesado por la justicia venezolana.
Durante la campaña, María Corina Machado estuvo al frente de un esfuerzo logístico para compilar y digitalizar las actas de votación recolectadas por los testigos de mesa, con el fin de probar el triunfo de González Urrutia.
Mientras las autoridades de Caracas califican dicho material como fraudulento, Machado insiste en la presión popular.
“Ayer, en las calles de Caracas, quedó demostrado una vez más que la transición a la democracia es urgente, IMPOSTERGABLE”
, manifestó la líder opositora en sus redes sociales, haciendo alusión a una movilización que congregó a más de 2.000 manifestantes en la capital venezolana.
¿Comicios para finales de año?
Para el politólogo Nicmer Evans, miembro de la organización Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI), la ciudadanía aspira a un proceso de votación que “pudiese ser lo más inmediato posible”.
Evans, quien es un disidente del chavismo tras haber sido excarcelado, sostiene que, basándose estrictamente en el marco constitucional,
“a partir del mes de junio, debería empezar a contar 30 días para el desarrollo de la elección”
.
No obstante, el analista advierte que antes de cualquier votación debe realizarse una “depuración” integral del sistema electoral. Bajo este esquema, Evans estima que una contienda con garantías, que cuente con la supervisión de organismos internacionales y genere confianza en los actores políticos, podría llevarse a cabo a finales de este año o, a más tardar, a inicios del 2027.
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