La situación de las personas desaparecidas en territorio mexicano ha tomado un giro internacional tras el informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado mes de marzo. Este documento no solo provocó reacciones inmediatas de colectivos de madres buscadoras y organizaciones civiles, sino que motivó un pronunciamiento contundente del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED).
A través de un comunicado oficial, el CED notificó que ha solicitado formalmente a António Guterres, secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que traslade de forma urgente la problemática de las desapariciones en México a la Asamblea General. El objetivo primordial es que el organismo internacional evalúe y considere la implementación de medidas
“destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”
.
Este movimiento diplomático destaca porque, por primera ocasión en su historia, el Comité decidió aplicar el procedimiento estipulado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Dicha acción coloca a México bajo el máximo nivel de vigilancia internacional permitido por el tratado, lo que sugiere que la magnitud de la crisis ha trascendido las fronteras del derecho interno para ser analizada bajo la óptica de crímenes de lesa humanidad.
Fundamentos de la intervención internacional
La activación de este mecanismo extraordinario por parte del CED se fundamenta en la existencia de indicios sólidos que sugieren que en territorio mexicano se han perpetrado, y se continúan ejecutando, desapariciones forzadas con características de crímenes de lesa humanidad. Según los informes del Comité, se han identificado múltiples ofensivas de carácter generalizado o sistemático contra la población civil, afectando diversas regiones y periodos cronológicos en el país.
Es importante subrayar que este procedimiento posee una naturaleza preventiva. Su fin último es canalizar la atención y el respaldo de la comunidad internacional hacia el Estado mexicano, sin que esto implique la determinación de responsabilidades penales de carácter individual. La resolución del Comité se nutrió de diversas fuentes, tales como:
- Reportes exhaustivos de la sociedad civil.
- La respuesta oficial emitida por el Estado mexicano en septiembre de 2025.
- Información recopilada por el CED desde el año 2012, que incluye visitas de campo realizadas en 2021.
- Peticiones de acción urgente interpuestas directamente por las víctimas.
A pesar de que el Comité reconoció que el contexto de la llamada “guerra contra las drogas” ha facilitado las condiciones para estos ataques, aclaró que no se han hallado pruebas contundentes de una política federal deliberada, ya sea por acción u omisión, para ejecutar desapariciones forzadas.
Participación del Estado y grupos delictivos
Existe una discrepancia entre la narrativa gubernamental y los hallazgos del organismo internacional. Mientras que la postura de México sostiene que una gran proporción de los casos son responsabilidad de bandas criminales —y por tanto no deberían tipificarse como desapariciones forzadas bajo el artículo 2 de la Convención—, el CED ha logrado documentar expedientes con bases sólidas que señalan la intervención directa de funcionarios públicos, así como casos de autorización, respaldo o aquiescencia por parte de autoridades.
En este sentido, el Comité recordó que, según el artículo 5 de la Convención y el artículo 7 del Estatuto de Roma, estos delitos también pueden ser atribuidos a organizaciones no estatales cuando forman parte de un esquema de ataque sistemático contra civiles.
Magnitud de la crisis forense
La dimensión de la problemática queda evidenciada en la falta de claridad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas sobre cuántos casos corresponden estrictamente a desapariciones forzadas. No obstante, las cifras citadas por el CED son alarmantes y reflejan un escenario crítico:
- Localización de más de 4,500 fosas clandestinas.
- Recuperación de más de 6,200 cuerpos.
- Hallazgo de 4,600 restos humanos adicionales.
- Existencia de aproximadamente 72,000 restos humanos no identificados en todo el país.
Finalmente, el organismo advirtió que las medidas implementadas a partir de 2021 no han logrado revertir la tendencia ni mejorar la situación de manera significativa. Las instituciones mexicanas se encuentran desbordadas, lo que hace imperativa una reforma estructural. Por ello, se ha instado a la Asamblea General a facilitar cooperación técnica, financiamiento y asesoría especializada en áreas de búsqueda, análisis forense e investigación, garantizando siempre la protección de las familias y defensores de derechos humanos.
Fuente: Fuente