La organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una alerta este martes respecto a la crítica situación en Cisjordania, informando que más de 36.000 palestinos han sido forzados a abandonar sus hogares en el transcurso de un solo año. Este fenómeno responde al incremento de la hostilidad por parte de las fuerzas de seguridad de Israel y de grupos de colonos, lo que ha encendido las alarmas internacionales ante la posibilidad de que se esté ejecutando una «limpieza étnica» en el territorio.
A través de un exhaustivo informe, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a las autoridades del Estado de Israel a frenar de forma inmediata la expansión acelerada de los asentamientos. Según el organismo, esta política estatal está impulsando una expulsión masiva de ciudadanos palestinos que carece de precedentes recientes.
«El desplazamiento de más de 36.000 palestinos en la Cisjordania ocupada ha supuesto una expulsión masiva de palestinos a una escala nunca vista, lo que equivale a un traslado ilegal prohibido por el Derecho Internacional»
El documento oficial detalla que esta situación se registró en el periodo comprendido entre octubre de 2024 y octubre de 2025. Durante estos doce meses, la ONU pudo verificar un total de 1.732 incidentes de violencia perpetrados por colonos, los cuales resultaron en víctimas humanas o afectaciones a la propiedad privada. Esta cifra supera significativamente los 1.400 casos reportados en el ciclo previo. El texto subraya que estas acciones incluyen un acoso constante, tácticas de intimidación y la demolición sistemática de viviendas y zonas de cultivo.
Complicidad y falta de justicia
Para la ONU, la violencia ejercida por los colonos no es un hecho aislado, sino que se desarrolla de forma estratégica y coordinada. El informe resalta que, en muchas ocasiones, las autoridades israelíes han tenido una participación directa al facilitar o dirigir estas conductas sin encontrar oposición significativa. El organismo advierte que actualmente es complejo separar la violencia institucional de la de los civiles israelíes, señalando que la impunidad crónica es el motor que incentiva los ataques contra la población palestina.
La crisis de la cosecha de aceitunas
El impacto económico y social ha sido devastador, especialmente durante el mes de octubre, época tradicional de la cosecha de la aceituna. En ese mes, se documentaron 42 ataques de colonos que dejaron como saldo 131 palestinos heridos, entre los que se cuentan 14 mujeres y un menor de edad. Se trata de la estadística de agresiones más alta desde el año 2006.
La presencia de colonos armados, apoyados y equipados por el Estado, sumada al bloqueo de tierras para sus legítimos dueños, convirtió a la temporada agrícola de 2025 en la peor de las últimas décadas. Además, el informe revela que la violencia de género ha sido utilizada como una herramienta para forzar el desplazamiento de comunidades enteras. En múltiples casos, las familias se fragmentaron: mujeres y niños huyeron por seguridad, mientras que los hombres permanecieron en el sitio para intentar defender sus propiedades de la ocupación.
Riesgos de limpieza étnica y crímenes de guerra
Naciones Unidas sostiene que estos desplazamientos en Cisjordania, que ocurren en paralelo a la crisis humanitaria en Gaza, sugieren la existencia de una política israelí planificada para el traslado forzoso de personas a gran escala. El objetivo, según la organización, sería un desplazamiento permanente, lo que encaja en las preocupaciones globales de limpieza étnica.
Asimismo, se ha advertido sobre el peligro inminente que corren las comunidades beduinas ubicadas en el noreste de Jerusalén Este. La ONU recuerda que el traslado ilegal de personas protegidas es catalogado como un crimen de guerra bajo el marco del Cuarto Convenio de Ginebra.
«Tales actos pueden acarrear la responsabilidad penal individual de los funcionarios que participan en ellos y, en determinadas circunstancias, también pueden constituir un crimen contra la humanidad»
Un sistema de discriminación institucionalizada
El análisis concluye que el traspaso de competencias militares a civiles y la confiscación de terrenos para la construcción de asentamientos forman parte de un régimen institucionalizado de opresión. Estas prácticas vulneran las prohibiciones del derecho internacional referentes al apartheid y la segregación racial. Solo en el último año, Israel autorizó cerca de 37.000 nuevas residencias en Jerusalén Este y 27.020 adicionales en el resto de Cisjordania.
A esto se suma la creación de 84 asentamientos avanzados ilegales, una cifra récord que incluso se ha extendido a la Zona B de Cisjordania, área que teóricamente está bajo el control de la Autoridad Palestina según los acuerdos de Oslo.
Finalmente, Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigió a Israel el cese total de la expansión de estos asentamientos y la evacuación de los colonos. Turk enfatizó la urgencia de terminar con la ocupación, detener las demoliciones de hogares y garantizar que los palestinos desplazados puedan retornar a sus tierras de origen con plenas garantías.
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