Un bloque conformado por ocho naciones árabes y musulmanas manifestó este martes su enérgico rechazo ante la reciente resolución del Gobierno de Israel de declarar diversas áreas de Cisjordania como «propiedad del Estado». Entre los firmantes de esta condena se encuentran Arabia Saudí, Egipto y Qatar, quienes califican el hecho como «una grave escalada destinada a acelerar la actividad en los asentamientos ilegales».
El grupo diplomático, integrado también por Emiratos Árabes Unidos (EAU), Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía, subrayó que este movimiento representa una maniobra para intensificar la «confiscación de tierras». Según el comunicado conjunto, este paso ilegal busca expandir el dominio israelí mediante la aplicación ilícita de su soberanía en los Territorios Ocupados Palestinos, lo cual vulnera directamente los derechos legítimos del pueblo palestino.
Vulneración del Derecho Internacional
Los países críticos sostienen que las acciones de las autoridades israelíes son una «violación flagrante del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario». Además, enfatizaron que estas medidas ignoran las disposiciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, haciendo especial énfasis en la resolución 2234.
«La decisión contradice además la opinión emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, que subrayó la ilegalidad de las medidas destinadas a alterar el estatus legal, histórico o demográfico del territorio palestino ocupado, la obligación de poner fin a la ocupación y la prohibición de adquirir territorio por la fuerza»
Para estas ocho naciones, la medida pretende instaurar un nuevo marco jurídico y administrativo que consolide el control sobre el suelo ocupado. Advierten que este escenario destruye las bases de la solución de dos Estados, imposibilita la creación de un Estado palestino que sea independiente y viable, y pone en riesgo la estabilidad necesaria para alcanzar una paz justa y exhaustiva en la región.
Impacto en la estabilidad regional
A través de un «rechazo categórico de todas las medidas unilaterales destinadas a alterar el status legal, demográfico e histórico» de Palestina, los firmantes alertaron que la política de Israel es un factor de inestabilidad. Aseguran que esta escalada incrementará las tensiones tanto en los territorios ocupados como en el conjunto de Oriente Medio.
En consecuencia, se hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad y adopte pasos decisivos. Los países exigen que se respeten los derechos inalienables de la población palestina, centrados en:
- El derecho a la autodeterminación.
- El cese definitivo de la ocupación del territorio.
- La instauración de un Estado soberano basado en las fronteras establecidas al 4 de junio de 1967.
- El reconocimiento de Jerusalén Este como su capital legítima.
Reforma administrativa y figuras clave
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich; el titular de Justicia, Yariv Levin; y el ministro de Defensa, Israel Katz. El objetivo declarado de estos funcionarios es regularizar explotaciones agrícolas y definir el estatus de las zonas ocupadas, un proceso que Israel había pausado hace décadas debido a su alta complejidad técnica y burocrática.
Este cambio se enmarca en una reforma aprobada por el gabinete de seguridad israelí para ampliar las competencias administrativas en esta parte de Palestina. Un ejemplo crítico de esta política es la histórica ciudad de Hebrón, donde las autoridades de Israel pretenden asumir el control sobre licencias de construcción y gestión territorial. Esto altera la situación instaurada en 1997, que estipulaba que cualquier nuevo desarrollo inmobiliario debía ser aprobado conjuntamente por las instituciones palestinas y las israelíes.
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