El contenido del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) fue analizado por el fiscal de lo Penal del Guayas, Washington Astudillo, en el marco de la reforma a esta normativa que tramita la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
El funcionario subrayó que la normativa debe guardar concordancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como Tratado de Palermo. En ese contexto, destacó la necesidad de diferenciar entre delincuencia organizada y crimen organizado.
Asimismo, compartió información de derecho comparado sobre la legislación de México, Colombia y Perú en materia de delincuencia organizada, donde las penas pueden alcanzar hasta 40, 22 y 20 años de privación de libertad, respectivamente.
En esa línea, sugirió que los enfoques sobre lavado de activos y la lucha contra los beneficios económicos obtenidos de actividades ilícitas incorporen nuevas modalidades, como el lavado de oro, el abigeato, el uso de criptomonedas y las apuestas deportivas.
Indicó que las dinámicas relacionadas con los réditos provenientes de la criminalidad han evolucionado, aprovechando los avances tecnológicos y la diversificación hacia mercados menos regulados. Por ello, consideró oportuno fortalecer la sanción de conductas ilícitas vinculadas con criptomonedas, blockchain y big data.
También recomendó incorporar un quinto inciso al artículo 369 del COIP para establecer que, cuando en el delito de delincuencia organizada participen uno o más servidores públicos que, aprovechando su cargo, función, investidura o acceso privilegiado a información, recursos o competencias estatales, formen parte de la estructura delictiva, se imponga el máximo de la pena prevista.
Otro punto abordado fue la imprescriptibilidad de este delito, al señalar que no solo atenta contra un bien jurídico específico, sino también contra el derecho internacional, la vida y la propiedad. “Es el momento de debatir estos temas, porque las normas deben responder a la realidad actual”, concluyó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, Rosa Torres, resaltó que los aportes serán analizados de manera técnica y jurídica, considerando la dosimetría penal, con miras a contar con un Código Orgánico Integral Penal acorde con los desafíos que enfrenta el Ecuador.
AM