La administración gubernamental en Nicaragua ha consolidado un veto absoluto contra las manifestaciones de fe en las vías públicas, una política que ha derivado en la suspensión sistemática de las procesiones de Semana Santa. Esta medida restrictiva ha provocado la cancelación de más de dos mil eventos religiosos anuales durante tres periodos consecutivos.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina ha documentado detalladamente este fenómeno, señalando que entre los años 2023 y 2026 se han contabilizado más de 22.000 prohibiciones de actos de culto vinculados a la Cuaresma y la Semana Mayor. Esta situación evidencia un patrón de hostigamiento que afecta a la Iglesia Católica en cada rincón del territorio nicaragüense.
Contexto de la crisis y represión religiosa
Diversos informes internacionales han confirmado que esta política de estado ha alterado profundamente la vida espiritual de la población. La ofensiva gubernamental contra la jerarquía eclesiástica se recrudeció tras las protestas sociales de 2018, momento en que los líderes de la iglesia brindaron protección a manifestantes que huían de la persecución del régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde aquel año y hasta 2024, se han registrado un total de 971 agresiones directas contra miembros y propiedades de la comunidad católica. El año 2023 destacó por su nivel de violencia, con un pico de 275 incidentes documentados. La persecución ha incluido desde la profanación de altares hasta una vigilancia permanente sobre las actividades de las parroquias.
Cifras de las procesiones canceladas y vigilancia policial
El veto oficial a las actividades externas comenzó formalmente en 2023, año en el que se reportaron 3.176 eventos suspendidos. La tendencia se ha mantenido al alza en los años siguientes:
- 2024: 4.800 actos religiosos prohibidos.
- 2025: 3.500 suspensiones registradas.
- 2026: Durante la Cuaresma de este año, la cifra se elevó a 5.726 cancelaciones.
Para asegurar el cumplimiento de estas restricciones, la Policía Nacional despliega operativos que movilizan entre 13.000 y 14.000 agentes, quienes cercan los templos y vigilan estrechamente que ninguna imagen religiosa salga a las calles.
Impacto en las diócesis y exilio del clero
Las prohibiciones han impactado a las nueve jurisdicciones eclesiásticas de la nación, incluyendo la Arquidiócesis de Managua y las ocho diócesis restantes. El impacto es particularmente severo en Matagalpa, zona donde el obispo Rolando Álvarez fue condenado a prisión y posteriormente enviado al exilio. En dicha región, se estima que cerca del 70% de los sacerdotes ha tenido que abandonar el país.
El veto alcanza celebraciones de gran arraigo popular como:
- La procesión del Domingo de Ramos y el Vía Crucis penitencial.
- Las festividades de Corpus Christi y Cristo Rey.
- Las representaciones teatrales de la Pasión denominadas “Judeas”.
- Tradiciones específicas como la festividad de San Lázaro en Masaya o el emblemático Vía Crucis acuático en las isletas de Granada.
Cierre de instituciones y condena de organismos internacionales
Desde el inicio del conflicto en 2018, al menos 309 religiosos han sido expulsados o empujados al exilio forzado. Este grupo incluye a cuatro obispos, 146 sacerdotes y 99 religiosas. Además, el Estado ha procedido al cierre de más de 1.650 iglesias y organizaciones vinculadas a la fe, cancelando la personería jurídica de 1.500 entidades religiosas.
La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional ha calificado las condiciones en el país como “abismales” en su informe de 2026. Asimismo, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado estos abusos sistemáticos y la expulsión de clérigos.
Finalmente, Martha Patricia Molina advierte que, aunque se han documentado 27.034 prohibiciones de actos religiosos entre 2019 y 2026, la cifra real podría ser mucho mayor. El temor a nuevas represalias impide que muchas parroquias denuncien las restricciones, manteniendo un clima de silencio ante la intimidación constante.
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