Más de cinco décadas después de que se le diera por fallecida, el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, informó que un examen de ADN corroboró en un 99,999% que la mujer hallada por un equipo periodístico en Argentina es Bernarda Rosalba Vera Contardo (80), exmilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que hasta ese momento figuraba como una de las 1.469 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Según un comunicado del Poder Judicial, el test comparó el perfil genético de Bernarda Vera con el de sus familiares almacenado en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal (SML), los que ese día llegaron a dicho recinto para enterarse de la noticia por boca del propio ministro Mesa, quien declaró la causa secreta.
La noticia causó revuelo de inmediato y a las pocas horas un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió la restitución de los dineros entregados por concepto de indemnización a la hija de Vera acusando un «fraude», la que según al menos dos periodistas que participaron en la búsqueda de la mujer, nunca supo que su madre seguía con vida y se negaba a darle crédito a la noticia.
Y en medio de los cuestionamientos del oficialismo a la veracidad y el manejo de ciertos expedientes y pensiones otorgadas a partir de hallazgos del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el expresidente Gabriel Boric, el jueves el Gobierno informó que auditará la nómina completa de detenidos desaparecidos y confirmó que perseguirá la restitución de las pensiones de reparación entregadas a la familia.
«No quiero calificar la buena o mala fe de quienes recibieron la pensión porque no me corresponde. Lo que estoy señalando es que (…) no debió haberse pagado esa pensión», aseguró el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La versión oficial de los hechos
Bernarda Rosalba Vera Contardo, profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), tenía 27 años cuando fue detenida por efectivos militares el 10 de octubre de 1973 en la zona precordillerana de Liquiñe, junto a otros 15 militantes del MIR acusados de participar en el asalto al retén de carabineros de Neltume (861 km al sur de Santiago) días atrás.
«Se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén, junto a los otros detenidos de Liquiñe. Desde el momento de su detención permanece desaparecida», se lee en el Informe Rettig, documento final elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que estableció de manera oficial las violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte y desaparición cometidas por agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
«Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruido por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado», prosigue el reporte.
Aunque con el correr de los años circuló otra versión sobre su destino, la de un exmilitante del MIR que apuntaba a que había escapado a la montaña y luego a Argentina, su familia recibió una pensión de reparación estatal y se le reconoció como víctima. En 2011, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió información sobre la posibilidad de que Bernarda Vera estuviera viva, aunque la pista no fue investigada a fondo.
La polémica se instaló tras un reportaje de CHV Noticias que dio a conocer el caso el año pasado, luego de una serie de sospechas que surgieron a partir del relato de otros militantes que la conocieron y fueron testigos de lo que ocurrió durante esa noche de octubre.
La verdadera historia
De acuerdo con el reportaje de CHV, en su libro De Carranco a Carrán: las tomas que cambiaron la historia, el exmiembro del MIR, José Manuel Bravo, relata que un «grupo grande» de personas escapó de los militares y se adentró en las montañas precordilleranas. En ese grupo iba Bernarda Vera, cuya «chapa» dentro del MIR era «Anita».
«La Anita era una mujer delgada, pero de una vitalidad para poder soportar esa cosa de la vida caminando en la montaña (…) tuvo que sufrir toda la rigurosidad de andar en la montaña, con milicos a la cola», reza el texto.
Según su testimonio, se escondieron por al menos dos meses, tiempo en el cual «Anita» logró huir del país hacia Argentina gracias a la ayuda del mirista sueco Svante Grände.
Los datos en la Argentina dan cuenta de que llegó y se instaló como una residente extranjera, con una cédula de identidad. Asimismo, su fecha de nacimiento en la documentación chilena data del año 1946, mientras que en la argentina sería del ’49. Después viajaría a Suecia, donde vivió desde 1978 hasta 1984 y se casó con un argentino llamado Jorge Suizer, chacarero bonaerense, con quien tuvo tres hijos, dos en el país escandinavo y uno en la Argentina, país al que volvió según datos de organismos suecos en 1990 para instalarse a la zona sur de la provincia de Buenos Aires.
La controversia sobre la indemnización
CHV Noticias logró dar con Bernarda Vera en la ciudad costera de Miramar, y aunque eludió a la prensa y no quiso dar declaraciones, fuera de cámara su hijo Maximiliano dijo que su madre «siempre imaginó que este momento llegaría, que alguien la iba a encontrar».
«Que ella no va a renunciar a la vida que ha llevado siempre, que es una mujer fuerte y no tiene miedo a nada», aseguró la periodista Florencia Valenzuela, a cargo del reportaje.
La misma profesional contactó entonces a la hija de Bernarda Vera para darle la noticia y pedirle una entrevista, sin embargo, la mujer de 58 años, se mostró incrédula y se negó a hablar con ella.
«Está convencida de que si su madre estuviera viva la hubiera contactado», señaló Valenzuela.
«Cuando yo fui a hablar con ella estuvimos mucho rato conversando, fue súper duro porque igual uno va como periodista, yo le necesitaba contar lo que estábamos haciendo; que habíamos encontrado a su mamá. Y ella no creía. Fue duro porque uno no sabe cuál es la historia familiar. Nosotros sí sabíamos que ella como hija la había estado buscando por mucho tiempo», afirmó la periodista a BBC Mundo.
Debido a esto, la periodista Pascale Bonnefoy, quien trabajó como investigadora del Plan Nacional de Búsqueda y siguió la pista de Bernarda Vera, sostuvo que quitarle la pensión a su hija y pedirle la restitución de una suma millonaria es «injusto», puesto que ella y su familia siempre actuaron «de buena fe».
«Siempre para ellos Bernarda Vera estuvo desaparecida y siempre lo pensaron y lo asumieron así (…) Tenían derecho como familiares de detenidos desaparecidos a recibir esa reparación», afirmó a Cooperativa.
Fin del caso
De paso, Bonnefoy calificó como «ridículas» las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien atribuyó a su gestión el haber esclarecido el caso al manifestar que «en tres meses se hizo lo que no estuvo en casi dos años».
«La muestra de ADN la ordenó el ministro Mesa el año pasado, bajo el otro Gobierno, bajo la otra jefatura de programa (…) Así que eso no fue un logro ni de este Gobierno ni de la nueva jefatura; era una diligencia judicial que tomaba los tiempos que tienen las diligencias judiciales», aclaró.
Tocante a la orden del Ejecutivo de auditar la lista completa de detenidos desaparecidos, sostuvo que «esa revisión minuciosa para llegar a la nómina única de 1.469 detenidos desaparecidos ya se hizo cuando comenzó el Plan de Búsqueda (…) No se puede cuestionar todo el proceso y la existencia misma de detenidos desaparecidos por un caso excepcional; por las decisiones que tomó una persona, no sabemos en qué estado emocional o psicológico o de vida», subrayó.
Así las cosas, de acuerdo a la profesional, el caso de Bernarda Vera debería darse por cerrado.
«No hay una investigación judicial abierta, penal, por Bernarda Vera (…) Uno puede cuestionar sus decisiones, pero ella no es una criminal, no cometió delito. El punto final de todo esto siempre fue la confirmación por ADN y ahí se establece que efectivamente esta persona es Bernarda Vera y ya, para la tranquilidad de la familia, de la sociedad. Caso cerrado. Porque ¿qué más se va a investigar? Ella desapareció del mapa de todo el mundo, pero eso no es un delito», remató Bonnefoy.
Fuente: Infobae