En una causa que sacude a la frontera andina, una mujer de 45 años, identificada como C. N., fue nuevamente detenida tras comprobarse que no cumplía con la prisión domiciliaria que se le había concedido. La acusada forma parte de una organización señalada por tráfico ilegal de personas entre Chile y Argentina, utilizando pasos fronterizos no habilitados en la provincia de Mendoza.
Las investigaciones comenzaron semanas atrás, cuando efectivos de seguridad detectaron a un individuo armado en la Ruta Nacional 7. Ese hallazgo encendió las alarmas y dio paso a una pesquisa más amplia sobre una red dedicada a vulnerar la Ley de Migraciones. Según los pesquisas, el grupo facilitaba el ingreso clandestino de ciudadanos —muchos con antecedentes penales— desde Chile hacia territorio mendocino por rutas no autorizadas.
En mayo, la Policía Federal Argentina ejecutó seis allanamientos, uno de ellos en un hostel de Guaymallén, cerca de la terminal de ómnibus. Ese lugar funcionaba como refugio temporal para las personas traficadas. Durante esos operativos, C. N. fue arrestada por primera vez junto a otros presuntos miembros del grupo. La información fue confirmada por fuentes judiciales consultadas por el medio local Los Andes.
Además, en el inmueble se encontró una infraestructura para cultivo y procesamiento de marihuana: más de 9 kilos de cogollos y picadura, 67 plantas de cannabis, municiones, dinero en efectivo en varias monedas, documentación extranjera, trece teléfonos celulares y equipamiento tecnológico para cultivo intensivo.
La mujer gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria, pero al verificarse que no se hallaba en su vivienda, la Justicia decidió revocarlo. De inmediato, se ordenó una nueva detención. El caso ahora sigue bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Mendoza y el Juzgado Federal de Garantías N° 1. Siete sospechosos continúan vinculados a la causa, mientras las autoridades intentan determinar la magnitud de la red, el número exacto de implicados y el alcance de las actividades ilícitas.
Durante las pesquisas, se reveló que sobre C. N. pesaba un pedido de captura previo por una causa de tráfico de armas. De acuerdo con los investigadores, la imputada habría facilitado el traslado ilegal de armamento desde Chile hacia Argentina utilizando el Paso Internacional Los Libertadores, un corredor clave en la frontera andina que conecta Mendoza con la región chilena de Valparaíso. Este punto ha sido señalado en investigaciones anteriores como zona de tránsito para delitos transnacionales.
Este antecedente agravó la situación judicial de la mujer, ya que la acumulación de cargos consolidó el perfil de una organización delictiva que operaba en múltiples rubros ilegales: trata de personas, narcotráfico y tráfico de armas. La justicia federal continúa recolectando pruebas para desmantelar por completo la estructura criminal.
Fuente: Infobae