El régimen de Venezuela declaró este lunes que el fallecimiento de Héctor Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, facilitó la desintegración de centros operativos vinculados a organizaciones criminales que operaban en el país. Esto ocurrió en el contexto de una misión llevada a cabo en conjunto con Estados Unidos en el estado Bolívar, una zona minera ubicada al sur de la nación caribeña.
El anuncio fue emitido por el Ministerio de Comunicación, que asoció el resultado de la operación con una estrategia de inteligencia ejecutada durante varios meses contra estructuras delictivas de alcance internacional. De acuerdo con el boletín oficial, las acciones realizadas con organismos estadounidenses permitieron “quebrar los centros operativos de las principales organizaciones criminales del país”.
La administración chavista indicó que la muerte del cabecilla del Tren de Aragua fue parte de un operativo enfocado en debilitar las capacidades logísticas y de articulación de grupos armados vinculados a actividades ilícitas dentro y fuera de Venezuela.
La cartera de Comunicación señaló que la acción respondió a una “planificación estratégica sostenida orientada al desmantelamiento logístico de las bandas transnacionales” y resaltó que mantiene canales de cooperación con cuerpos policiales internacionales para el intercambio de datos e inteligencia.
Este anuncio se dio a conocer días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara públicamente la muerte de Guerrero durante una operación militar efectuada en suelo venezolano.
Trump aseguró que el Comando Sur ejecutó un “ataque rápido y letal” contra el capo criminal y sostuvo que la acción fue coordinada con sus “amigos de Venezuela”, con quienes, según afirmó, colabora de manera “excelente”.
Posteriormente, el régimen venezolano ratificó la operación y detalló que fue viable gracias a mecanismos de cooperación, respaldo tecnológico especializado e intercambio de inteligencia entre ambas naciones, que reanudaron vínculos diplomáticos en marzo tras varios años de ruptura.
El Niño Guerrero era considerado el principal referente del Tren de Aragua, una organización criminal originada en Venezuela que expandió sus operaciones a diversos países de América Latina.
Las autoridades estadounidenses la catalogan como una organización terrorista y la vinculan con delitos como tráfico de personas, extorsión, secuestros, homicidios y narcotráfico.
La misión se desarrolló en el estado Bolívar, una zona clave por su actividad minera y por la presencia de grupos armados relacionados con economías ilegales.
Según la versión oficial, el operativo no solo apuntó contra Guerrero sino también contra las estructuras que sostenían las actividades de diversas organizaciones criminales en la región.
La intervención ocurrió además dos meses después de la entrada en vigor de una nueva legislación minera destinada a promover inversiones foráneas en esas áreas del país.
Tras conocerse la muerte del líder delincuencial, la dirigente opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó su agradecimiento a Trump por las acciones emprendidas contra “grupos armados, organizaciones criminales y mafias”.
Provea solicita claridad sobre la operación
La ONG Provea exigió este domingo información pormenorizada sobre el operativo y demandó que la cúpula chavista explique públicamente sus alcances.
En un comunicado, la organización señaló que la población venezolana “tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación”.
Provea manifestó inquietud por las circunstancias en que ocurrió la muerte del capo criminal y afirmó que, con los datos disponibles hasta el momento, existirían indicios de lo que calificó como “una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial”.
La ONG también solicitó que se informe el número total de fallecidos, heridos y detenidos vinculados con el operativo, así como la identidad de las víctimas.
“El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo”, manifestó la organización.
Asimismo, recordó que previamente había alertado sobre denuncias de abusos en operaciones de seguridad ejecutadas en regiones mineras y sostuvo que las acciones contra grupos armados no pueden derivar en “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles”.
La ONG vinculó el crecimiento de organizaciones criminales en el sur de Venezuela con años de debilidad institucional y expansión de economías ilegales en áreas ricas en recursos minerales.
Por ello, reclamó “transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación” y pidió explicaciones públicas al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González, sobre los procedimientos aplicados y los resultados del operativo que culminó con la muerte del líder del Tren de Aragua.
Fuente: Infobae