Tras ocho diferimientos, el Tribunal Cuarto de Garantías Penales del Guayas fijó para el 18 de marzo de 2026 la audiencia de juzgamiento contra Sergio Jesús Peña Veloz y otros siete implicados, en una presunta red de asociación ilícita.
El caso denominado Danubio, que estremeció la institucionalidad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) en 2021, entra en su fase definitiva con un abultado expediente de más de 10.900 fojas y contundentes elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado.
La acusación central —liderada por el fiscal Washington Burbano— sostiene que Peña Veloz, abogado de profesión y hoy asambleísta, no era un simple observador, sino el eje central de una organización que buscaba capturar puestos clave mediante sobornos.
El elemento más escandaloso de la instrucción fiscal es la supuesta oferta económica para asegurar el nombramiento.
“El monto de dinero ofrecido fue de USD 3 millones”, señaló el fiscal Burbano durante las etapas previas, detallando que este valor fue propuesto por Juan José Aucancela (presunto nexo político) a María Antonieta Reyes, entonces asesora de la dirección del Senae, para que gestionara el ingreso de Peña Veloz a la institución.
Chats e interceptaciones telefónicas
La Fiscalía basa gran parte de su caso en una extensa red de comunicaciones interceptadas con autorización judicial.
En estas llamadas y mensajes de WhatsApp, se habría registrado la coordinación minuciosa del grupo.
Incluso, pericias técnicas de audio y video confirmaron la identidad de los interlocutores. Un informe pericial determinó que la voz masculina individualizada en los archivos analizados “se corresponde auditiva y espectográficamente” con la voz de Peña Veloz.
En uno de los chats extraídos, se lee el nivel de presión hacia los funcionarios:
“Esta es nuestra semana y mañana le llaman [de] la secretaría de presidencia al doctor Sergio Jesús Peña”.
Un mensaje que era compartido entre los miembros de la red para alimentar la expectativa del cargo.
Cheques de USD 30 millones y montajes
Para convencer a los funcionarios de que la organización tenía los fondos para cumplir con los sobornos, la red utilizaba montajes fotográficos y de video.
Según la Fiscalía, el procesado Víctor Manuel Limones (quien ya se acogió al procedimiento abreviado y fue sentenciado) colaboraba realizando estas pruebas documentales falsas.
Entre las evidencias halladas en los dispositivos incautados a Peña y sus socios constan:
- Fotografías de cheques certificados por USD 30 millones a nombre de una compañía limitada.
- Capturas de cajeros automáticos mostrando saldos disponibles superiores a los USD 18 millones.
- Imágenes de fajos de dinero en efectivo junto a periódicos del día para intentar demostrar que el capital era real y actual.
Seguimientos y vigilancias
La investigación policial no se limitó al ámbito digital.
Agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública realizaron seguimientos físicos que ubicaron a Peña Veloz en reuniones estratégicas.
Uno de los eventos reportados ocurrió el 25 de febrero de 2022, cuando se registró su hospedaje en un hotel ubicado en el norte de Quito, para una supuesta cita con delegados del Gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso.
Sigilo profesional…
Pese a la montaña de evidencias, la defensa técnica de Peña Veloz ha solicitado reiteradamente la nulidad del proceso y el sobreseimiento de su cliente.
Su argumento principal es que las interceptaciones son ilegales porque Peña es abogado y sus conversaciones con Aucancela estaban protegidas por un contrato de servicios profesionales y el sigilo profesional.
“Esas comunicaciones que se encuentran describen fanfarronería, hechos que no pueden ser jamás contrastados y que saben que nunca sucedieron”, alegó el abogado Osiris Sánchez Maruri ante la jueza, en 2023.
Ese día insistió en que, al no haberse entregado dinero real ni obtenido el cargo, no existe materialidad del delito.
Un tribunal que no aceptará más retrasos
La audiencia de marzo de 2026 representa un hito crítico tras años de aplazamientos por certificados médicos y cambios de defensa a última hora.
La jueza ponente, Kelttya López Burgos, ha sido enfática al señalar que no se aceptarán más dilataciones.
Radio Pichincha