En la sesión desarrollada este jueves 19 de febrero en la Gobernación del Guayas, en Guayaquil, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral escuchó al ministro del Interior, John Reimberg, en el marco del tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de reforma al sistema penitenciario.
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Durante su intervención, Reimberg sostuvo que el sistema penitenciario ecuatoriano “dejó hace muchos años de ser un problema administrativo” y se convirtió en “el corazón operativo de la criminalidad organizada”.
El ministro defendió que el proyecto de reforma busca dotar al Estado de herramientas jurídicas para profesionalizar el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, ampliar el régimen disciplinario y facilitar procesos de depuración interna.
Entre los ejes expuestos constan la creación de un Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, la ampliación del catálogo de faltas muy graves —que pasaría de 10 a 64 causales— y la incorporación excepcional de policías en servicio pasivo al sistema penitenciario, eliminando el descuento del 40% en su pensión mientras presten funciones.
“Hoy tienen algo histórico sobre la mesa, que es reformar y permitirnos hacer las depuraciones que por años y décadas no se han hecho dentro del SNAI”.
John Reimberg, ministro del Interior
Reimberg afirmó que las normas actuales y los reglamentos de carrera limitan los procesos de depuración.
Asambleístas cuestionan necesidad de nuevas reformas
Durante la sesión también intervino la asambleísta de Pachakutik, Mariana Yumbay, quien cuestionó si las reformas planteadas eran realmente necesarias para tomar el control de los centros de privación de libertad.
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Yumbay señaló que la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal ya contemplan la clasificación de personas privadas de libertad y mecanismos de depuración, y preguntó por qué esas disposiciones no se han aplicado plenamente. A su criterio, más que nuevas herramientas jurídicas, se requieren políticas públicas y asignación de recursos para enfrentar la corrupción dentro del sistema penitenciario y de la Policía.
En respuesta, Reimberg insistió en que la reforma es indispensable para ejecutar procesos de depuración que, según dijo, no han podido concretarse bajo el marco normativo actual.
Además, afirmó que los reglamentos de carrera del SNAI limitan la salida de funcionarios y que, en el caso de la Policía, decisiones judiciales han restituido a uniformados separados por actos de corrupción.
Reclamo de la Revolución Ciudadana por salida anticipada del ministro
Tras la respuesta del ministro a la asambleísta Mariana Yumbay, la presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, dio por concluida la intervención del ministro y señaló que su participación había sido suficiente, tras lo cual Reimberg se retiró de la sala.
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En ese momento, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, intentó intervenir; sin embargo, la participación del ministro ya había sido cerrada y este abandonó la sesión sin escuchar su planteamiento.
Posteriormente, Noriega expresó su inconformidad dentro de la propia sesión y cuestionó que no se permitiera formular preguntas adicionales al ministro sobre el sistema penitenciario. Tras su reclamo, la legisladora también se retiró de la sesión.
Fuera de la sala de sesión, la asambleísta señaló que buscaba consultar sobre la crisis sanitaria en los centros de privación de libertad —incluidos casos de tuberculosis— y sobre los mecanismos de depuración en el sistema penitenciario y en las fuerzas de seguridad.
Defensoría y CNI presentan observaciones técnicas
Durante la sesión también intervinieron representantes de la Defensoría del Pueblo y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quienes presentaron observaciones técnicas al articulado.
El secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, indicó que la regulación del sistema penitenciario debe combinar seguridad, gobernanza institucional clara, control civil y garantía de derechos.
Entre las recomendaciones planteadas constan evitar que la ley incurra en microgestión administrativa, asegurar la jerarquía ministerial cuando se trate de rectoría de política pública y mantener una coordinación interinstitucional amplia.
Además, la Defensoría propuso que los principios de progresividad y necesidad en el uso de la fuerza se ubiquen en el núcleo de principios generales de la ley correspondiente, y no como menciones aisladas.
Por su parte, el delegado del CNI señaló que la Unidad de Inteligencia Penitenciaria debe reconocerse como parte del Sistema Nacional de Inteligencia y que sus informes técnicos no deberían tener carácter vinculante en procesos de clasificación o determinación de peligrosidad.
También planteó que las prohibiciones de ingreso al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no se limiten únicamente a personas con sentencia condenatoria ejecutoriada, sino que puedan considerarse etapas procesales previas.
La sesión se desarrolló en el marco del tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario frente a la Criminalidad Organizada y Transnacional.
Una vez concluido este proceso en comisión, el texto volverá al Pleno de la Asamblea Nacional para su debate y eventual votación.
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