El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el cuerpo de Carlos Suástegui, asesinado la tarde del miércoles 17 de junio de 2026 en los exteriores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, fue trasladado ese mismo día al hospital de El Triunfo, donde se realizaron los procedimientos legales correspondientes. Posteriormente, fue entregado a sus familiares para que llevaran a cabo su velación y sepelio.
“Está documentado”, afirmó.
Reimberg calificó como falsa la información que circuló en redes sociales sobre un supuesto desconocimiento del paradero del cuerpo de quien era señalado como líder de la organización criminal Los Águilas.
En ese contexto, aclaró que la Policía Nacional mantiene a su cargo la investigación del atentado, así como el seguimiento de las personas que resultaron heridas y de los dos adolescentes detenidos por su presunta participación en el ataque.
El ministro indicó que las investigaciones están orientadas a identificar a las personas que reclutaron a los menores de 14 y 15 años involucrados en la balacera.
“Se trata de una disputa entre dos organizaciones delictivas, una de ellas Los Águilas. Estamos avanzando para determinar cuál es la otra estructura involucrada y, en las próximas horas, conocer quién está detrás de este crimen”, sostuvo.
Cuestionamientos al sistema judicial
Respecto a los ingresos y salidas del país de Suástegui, considerado un objetivo de alto valor, Reimberg señaló que esta situación es consecuencia de decisiones adoptadas por el sistema de justicia, que no habría emitido órdenes de prisión ni medidas cautelares que restringieran su movilidad, pese a que fue detenido en varias ocasiones por delitos como tráfico de armas y asesinato.
“Por un caso de asesinato estuvo menos de seis meses detenido, cuando la condena pudo haber sido de 25 años. Si una persona no tiene procesos judiciales vigentes, una boleta de captura o medidas que le prohíban salir del país, puede ingresar y salir libremente”, explicó.
El funcionario rechazó que se pretenda responsabilizar al Gobierno por la libertad con la que se movilizan integrantes de organizaciones criminales, al considerar que esa situación depende de las decisiones adoptadas por el sistema judicial.
“Se están realizando cambios en la Judicatura y eso es positivo, pero necesitamos que esos procesos avancen con mayor rapidez para evitar que personas vinculadas a hechos graves recuperen su libertad”, concluyó.