La Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, recibió en modalidad virtual, observaciones de los delegados del Ministerio de Defensa y del Consejo de la Judicatura.
Luis Fernando Andrade, capitán de Fragata, en representación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentó propuestas orientadas a fortalecer la iniciativa. Reiteró que, a través de la reforma, se busca proteger la fe pública, evitar la simulación de autoridad, reducir delitos mediante engaño, fortalecer la seguridad estatal y la confianza ciudadana, así como prevenir la infiltración delictiva dentro de las instituciones de seguridad.
Entre las principales recomendaciones se planteó incorporar nuevos agravantes cuando los delitos sean cometidos por servidores o exservidores de entidades relacionadas con la seguridad que utilicen conocimientos institucionales, protocolos o acceso a uniformes, insignias o credenciales oficiales para facilitar la simulación de autoridad o inducir a error a terceros.
Asimismo, se propuso reformar el artículo relacionado con la comercialización no autorizada, ampliando su alcance para incluir no solo uniformes e insignias, sino también equipos de protección como chalecos antibalas, cascos, distintivos, credenciales y otros accesorios institucionales.
La propuesta establece que la persona natural o jurídica que fabrique, importe, distribuya, comercialice o ponga en circulación estos elementos sin autorización será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La misma pena se aplicaría a quienes lo hagan a través de plataformas digitales, redes sociales o cualquier medio telemático sin verificar la acreditación oficial del comprador y sin contar con la autorización del ente competente.
Adicionalmente, el oficial planteó incorporar un nuevo tipo penal que sancione a los servidores públicos, militares o policiales que, teniendo deber jurídico de custodia, entreguen o faciliten uniformes, insignias, credenciales o equipos institucionales a personas ajenas a la institución para el cometimiento de delitos. Para estos casos, se propone una pena privativa de libertad de seis meses a un año. Andrade enfatizó la gravedad que implica la participación interna y el abuso de la confianza institucional.
Entre otras medidas complementarias, Andrade recomendó establecer la destrucción obligatoria de los uniformes e insignias incautados para evitar su reutilización o su reingreso al mercado informal.
Por su parte, los representantes del Consejo de la Judicatura, Francisco Morán y Rubén Darío Ochoa, manifestaron su adhesión a las propuestas presentadas por el Ministerio de Defensa. Tras revisar los insumos del proyecto, los abogados no formularon observaciones dentro de su ámbito de competencia.
La presidencia de la Comisión, Inés Alarcón, solicitó a los comparecientes remitir las observaciones para incorporarlas en la construcción del correspondiente informe del proyecto de ley.