Diversas instituciones vinculadas al Sistema Universitario Jesuita, junto con agrupaciones de familiares de víctimas, han manifestado su respaldo total a la resolución del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED). Esta entidad ha decidido elevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU para que se analice la gravedad de la situación en el país.
Dicho mecanismo, que fue solicitado por el CED al Secretario General de las Naciones Unidas, tiene como objetivo principal que la Asamblea General establezca medidas de apoyo para que la nación mexicana logre avances reales en la prevención, investigación, sanción y erradicación total de las desapariciones forzadas.
Se destaca que es la primera ocasión en la que este Comité internacional activa un procedimiento de carácter extraordinario y preventivo. Esta acción busca canalizar asistencia internacional ante escenarios donde se identifican desapariciones de forma generalizada o sistemática.
Tras hacerse pública esta determinación, el Gobierno de México, representado por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado rechazando los hallazgos. Las autoridades calificaron el documento de la ONU como «tendencioso» y carente de rigor, alegando que no se tomaron en cuenta las políticas implementadas por el Estado en tiempos recientes.
Frente a esta negativa oficial, las universidades jesuitas, observatorios de derechos humanos y clínicas jurídicas recalcaron que el país atraviesa una crisis profunda y generalizada en la materia. Según estas instituciones, la gravedad de la situación ha sido documentada exhaustivamente durante la última década.
En su análisis, las organizaciones sostienen que el Comité CED sí consideró los argumentos del Estado mexicano, además de basarse en datos acumulados por más de diez años, que incluyen acciones urgentes, visitas oficiales en 2021 y el testimonio directo de colectivos de búsqueda.
“Respaldamos la decisión del Comité CED y llamamos al Estado mexicano a actuar de manera responsable, sobre la base de la colaboración y el diálogo con las instancias internacionales.”
“El compromiso con los derechos humanos debe traducirse en acciones concretas que ayuden a construir una política integral de atención a la crisis de personas desaparecidas en México.”
Impacto de la impunidad y la crisis forense
Entidades civiles como Fundar, CEPAD, DATACÍVICA, 15, IMDHD e IBERO también fijaron su postura ante la negativa del Estado de aceptar esta decisión histórica. Recordaron que descalificar un informe técnico no borra la cruda realidad del país, donde la impunidad en casos de desaparición supera el 98%.
“El rechazo del Estado a la asistencia internacional es una omisión que posterga el derecho irrenunciable de las familias a la verdad y a la justicia. La descalificación no es una estrategia de Estado. Es preocupante que la respuesta oficial califique de tendencioso y falto de rigor un informe técnico como el que presenta hoy el CED.”
Los portavoces de estas organizaciones subrayaron que la soberanía nacional se demuestra cumpliendo con los tratados internacionales y no desacreditando a los organismos de los cuales el país forma parte por voluntad propia. Advirtieron que tener leyes nuevas no significa que se hayan detenido las violaciones a los derechos humanos.
Las cifras son alarmantes: la cantidad de personas no localizadas sigue creciendo y la impunidad efectiva roza el 99%. El CED ha reconocido los esfuerzos gubernamentales, pero enfatiza que estos no han sido suficientes para frenar la crisis estructural.
Asimismo, se criticó el fallo sistemático en herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses. La existencia de más de 83 mil cuerpos y restos humanos sin identificar en las morgues del país es, según las organizaciones, una prueba del colapso institucional.
“La disputa por el diagnóstico sólo prolonga la impunidad y la agonía de las familias. El Estado debe entender que la opinión del CED no es un ataque, sino una oportunidad para detener una de las crisis humanitarias más dolorosas de nuestra historia reciente.”
Voces de las familias: “No es política, es nuestra realidad”
El colectivo Hasta Encontrarles CDMX, integrado por familiares de víctimas, rechazó tajantemente que el reporte de la ONU sea sesgado. Afirmaron que el diagnóstico internacional no es un ataque político, sino el eco de su dolor y la tragedia que las autoridades se niegan a ver.
Para las familias, el rigor de la crisis se mide en las más de 133 mil sillas vacías y en los miles de restos humanos que siguen sin nombre en las instituciones del Estado.
“Descalificar al Comité es descalificar años de nuestra propia documentación, de peritajes independientes y del testimonio de quienes hemos tenido que aprender leyes y antropología forense ante la omisión de las autoridades.”
El colectivo insistió en que rechazar la ayuda de la ONU es una forma de dar la espalda a la posibilidad de profesionalizar la búsqueda de sus seres queridos. Aseguran que esta decisión del CED de acudir a la Asamblea General confirma que la magnitud del problema ha superado las capacidades actuales del Estado mexicano.
Finalmente, exigieron que el Gobierno asuma su responsabilidad, detenga la supuesta limpieza de cifras en el Registro Nacional y establezca un diálogo real. Por su parte, el colectivo Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León coincidió en que existen indicios de ataques sistemáticos en el país.
“Lamentamos que la respuesta del Estado sea llamar ‘tendencioso’ a este informe, lo que muestra que su interés no es la búsqueda de nuestres seres queridos”, concluyeron las familias desde el norte del país.
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