Un revelador informe de Human Rights Watch (HRW) ha puesto al descubierto la participación de mercenarios colombianos en el conflicto armado de Sudán. Según el documento, estos combatientes fueron contratados por una empresa privada con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), entrenados en bases militares de ese país y luego enviados a luchar junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una milicia paramilitar señalada por cometer crímenes de guerra y atrocidades masivas desde que estalló la guerra contra el Ejército sudanés en 2023.
El informe detalla que el despliegue de estos contratistas militares colombianos, que contaría con un aparente respaldo estatal emiratí, se suma a otras pruebas que vinculan a EAU con el apoyo militar a las RSF. La investigación de HRW concluye que este vínculo es cada vez más evidente.
Reclutamiento y entrenamiento en territorio emiratí
De acuerdo con HRW, la empresa Global Security Services Group (GSSG), con oficinas en Abu Dabi, fue la encargada de contratar a cientos de colombianos a partir de 2024. Los reclutados fueron trasladados a las bases militares de Ghiyathi y Al Wathba, donde recibieron instrucción por parte de oficiales emiratíes antes de ser enviados a Sudán. Un contratista colombiano confesó a HRW que, al llegar a EAU, no les sellaron los pasaportes y los llevaron directamente a la base de Ghiyathi para iniciar el entrenamiento.
El informe subraya que la campaña de reclutamiento fue liderada por entidades privadas, pero los colombianos pasaron por instalaciones militares que son propiedad del Estado emiratí. HRW logró verificar, mediante el análisis de fotografías y videos, que los contratistas efectivamente estuvieron en bases de EAU antes de su despliegue en Sudán.
Participación directa en los combates en Sudán
La presencia de estos mercenarios colombianos quedó documentada en octubre de 2025, cuando las RSF tomaron la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, y perpetraron asesinatos y abusos. La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos de la ONU para el Sudán afirmó que los hechos en El Fasher presentaban “indicios de genocidio”.
HRW verificó videos y fotografías en redes sociales que muestran a los contratistas luchando y entrenando junto a las RSF en territorio sudanés. La primera evidencia pública de su presencia surgió en noviembre de 2024, cuando videos publicados en redes sociales por grupos armados aliados al Ejército sudanés mostraron la interceptación de un convoy de colombianos que había ingresado por Libia.
Los contratistas portaban proyectiles de 81 mm de fabricación búlgara, que habrían sido desviados de los arsenales de las Fuerzas Armadas de los EAU, en aparente violación de acuerdos internacionales sobre el uso final de armamento, según investigaciones conjuntas de HRW, Amnistía Internacional y France 24.
Acusaciones de crímenes de guerra y uso de menores
El informe recogió testimonios de residentes de El Fasher que presenciaron la participación de extranjeros “blancos” en los asesinatos masivos cometidos por las RSF, equipados con cascos, chalecos antibalas y rodilleras. Además, un contratista colombiano afirmó haber entrenado a reclutas de las RSF en campamentos alrededor de Nyala, donde muchos de los reclutas eran niños pequeños. El medio La Silla Vacía también reportó que parte de los mercenarios participaron en el entrenamiento de menores.
El derecho internacional prohíbe el reclutamiento o uso de menores de 15 años en conflictos armados, considerándolo un crimen de guerra. El secretario general de la ONU confirmó 16 casos de reclutamiento infantil por parte de las RSF en 2024, por lo que el grupo fue incluido en la “lista de la vergüenza” por graves violaciones contra la infancia.
Estructura y vínculos de la empresa contratista
GSSG fue fundada en 2016 por Ahmed Mohammed al-Humairi, secretario general de la Corte Presidencial de EAU, quien transferiría sus acciones en 2017 a Mohamed Hamdan al-Zaabi, socio comercial y actual directivo. GSSG se presenta como la primera empresa de seguridad privada armada con licencia en el país y, hasta hace poco, anunciaba que ministerios clave de EAU eran sus clientes, y que era el único proveedor privado de servicios de seguridad armada para el gobierno.
Un exempleado de GSSG declaró que entre los clientes de la empresa podrían encontrarse altos miembros de la familia gobernante. HRW revisó correos filtrados que respaldan esta versión. Al-Zaabi continúa vinculado a al-Humairi en negocios.
Respuestas oficiales y contexto legal
Las autoridades de EAU niegan haber brindado apoyo militar a las RSF y sostienen que su asistencia a Sudán es exclusivamente humanitaria. No obstante, HRW subraya que EAU es un Estado autoritario centralizado, donde las actividades de empresas privadas deben coordinarse con las autoridades. La legislación local exige que las empresas de seguridad privada garanticen que sus operaciones no interfieran con la seguridad nacional.
HRW compartió sus hallazgos con GSSG, funcionarios de EAU y otras partes implicadas, sin obtener respuesta.
Llamado a la acción internacional
El informe de HRW solicita que el Consejo de Seguridad de la ONU investigue a GSSG y a al-Zaabi por su posible papel de apoyo en violación del embargo de armas de la ONU sobre Darfur. Recomienda que la Unión Europea, la Unión Africana y los gobiernos interesados consideren sanciones específicas y suspendan la cooperación militar y ventas de armas a Emiratos Árabes Unidos.
HRW insta a la comunidad internacional a utilizar sus relaciones bilaterales para presionar a las autoridades emiratíes con el objetivo de que cesen el apoyo a las RSF.
La directora de la División de África de HRW, Mausi Segun, enfatizó:
“Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Gobiernos a nivel global deben dejar de aceptar las negativas poco creíbles de los Emiratos Árabes Unidos respecto a su apoyo a las RSF y deben poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán”.
Fuente: Infobae