En medio de la intensa ola de manifestaciones que sacudió a Irán recientemente, los centros de salud se convirtieron en escenarios de alta tensión. Un médico joven en la localidad de Rasht relató cómo intentó socorrer a un hombre de unos 40 años que presentaba un impacto de bala a quemarropa en la cabeza. Mientras el equipo médico luchaba por reanimarlo, un contingente de agentes de seguridad armados, algunos vestidos de civil y portando fusiles, les impidió continuar con las maniobras de emergencia.
“Lo rodearon y no nos permitieron avanzar más”
Tras el fallecimiento del paciente minutos después, los agentes procedieron a colocar sus restos en una bolsa negra para cadáveres, trasladándolos en una camioneta junto a otros cuerpos. Este suceso, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de un patrón de intervención en los hospitales iraníes durante los primeros días de enero, donde se ha reportado la presencia constante de fuerzas represivas para vigilar a los heridos y detener a quienes participaron en las protestas contra la República Islámica, fundada hace 47 años.
Diversos testimonios de profesionales sanitarios coinciden en que la militarización de los hospitales ha alcanzado niveles sin precedentes en un país con un largo historial de represión. Informes de organizaciones de derechos humanos documentan casos donde las fuerzas de seguridad no solo intimidan al personal, sino que también retiran a pacientes de los respiradores y realizan detenciones arbitrarias dentro de las instalaciones médicas.
Versión oficial frente a la evidencia
Por su parte, las autoridades gubernamentales han intentado desestimar estas acusaciones. Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud, calificó estas informaciones como falsas e imposibles, asegurando que la atención se brindó “sin discriminación ni injerencia política”. No obstante, la evidencia visual obtenida en lugares como el Hospital Imán Jomeini en Ilam muestra a agentes rompiendo puertas de vidrio y recorriendo pasillos armados, intimidando a los presentes.
La represión, que tuvo sus momentos más críticos los días 8 y 9 de enero, es considerada la más letal desde 1979. Aunque el régimen reconoce algo más de 3.000 fallecidos, organizaciones de activistas de derechos humanos afirman haber confirmado más de 7.000 muertes y continúan investigando miles de casos adicionales.
La medicina en la clandestinidad
La gravedad de la situación obligó a muchos profesionales a operar en las sombras. Un cirujano de 37 años en Teherán transformó una clínica de estética en una improvisada sala de traumatología. Durante jornadas agotadoras, atendió a más de 90 personas, incluidos niños de 8 y 10 años que presentaban heridas por perdigones. Ante la falta de suministros básicos, los médicos debieron improvisar con los recursos disponibles:
- Uso de cajas de cartón y láminas de metal blando como férulas para fracturas.
- Aplicación de supositorios analgésicos ante la carencia de anestesia fuerte.
- Registro de diagnósticos falsos para evitar que los manifestantes fueran arrestados al ser dados de alta.
El riesgo de acudir a un hospital público era demasiado alto tanto para pacientes como para doctores.
“Sabíamos que, independientemente de lo que hiciéramos por los pacientes, no estarían a salvo una vez que salieran del hospital”
Persecución y detenciones del personal sanitario
La persecución estatal no se ha limitado a los manifestantes. De acuerdo con datos proporcionados por la doctora Homa Fathi, al menos 79 profesionales de la salud han sido arrestados desde el inicio de esta fase de la represión, incluyendo a una docena de estudiantes de medicina. Aunque cerca de 30 han sido liberados bajo fianza, muchos enfrentan cargos judiciales severos.
Uno de los cargos más graves presentados contra los trabajadores sanitarios es el de “librar una guerra contra Dios”, un delito que en la legislación iraní puede ser castigado con la pena de muerte. Mientras tanto, el cirujano que operó en la clínica clandestina relató que varios voluntarios que trabajaron con él ya han sido secuestrados de sus hogares por las fuerzas del régimen.
El temor persiste entre quienes cumplieron con su deber ético de salvar vidas por encima de las directrices políticas. La incertidumbre marca el día a día de estos profesionales, quienes, al igual que sus colegas detenidos, viven bajo la sombra de la represalia estatal. “Yo también estoy esperando”, concluyó uno de los médicos consultados.
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