Los casos Goleada, Triple A, La Reina, Blindados, Jaque, entre otros, son parte de las 484 causas que se encontraban en la unidad, tribunal o sala anticorrupción que fue suprimida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y que deberán pasar a unidades penales de Quito.
La decisión de suprimir esta unidad la adoptó el Pleno del CJ el pasado 7 de septiembre de 2026. La resolución, que generó cuestionamientos de juristas a nivel local e internacional, fue defendida por la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, quien aclaró que lo que se busca es optimizar y fortalecer el procesamiento de causas relacionadas con corrupción, aliviando la carga procesal que tiene actualmente la unidad penal de Quito.
“Resulta que la unidad a donde vamos a modificar o donde les estamos dando más competencias, que es la Unidad de Iñaquito, Tribunal, Unidad y Sala de la Corte Provincial de Pichincha, en la actualidad tiene 5.342 causas en trámite. Es decir, ellos tienen actualmente en trámite lo mismo que los jueces anticorrupción tienen desde el 2023 al 2026. Y las causas de la unidad anticorrupción, que son solamente 484, están divididas para 21 jueces. Entonces, lo que hacemos es optimizar y fortalecer la unidad especializada de corrupción, la modificamos, suprimimos la creada como especial y la unimos a la unidad más grande para fortalecerla. Pasamos de 19 jueces a 50 jueces”, sustentó Caicedo.
El CJ ha señalado que las causas que están con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de resolución permanecerán con los mismos jueces que las conocieron en la Unidad Anticorrupción. El resto será resorteado.
Caso Triple A
Esta causa se inició en julio de 2024 y tuvo una sentencia de primera instancia el 29 de agosto de 2026 en contra de nueve personas naturales y seis empresas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
El Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, conformado por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria y Víctor Barahona, sentenció a seis años y ocho meses de prisión a Alvarez por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
Junto con el alcalde, otras cuatro personas fueron sentenciadas con la misma pena en calidad de culpables; mientras que otras cuatro fueron sentenciadas a dos años y ocho meses de cárcel en calidad de cómplices.
En tanto que para las empresas vinculadas al alcalde Alvarez y su familia, como Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A., Fuelcorp S. A., Indudiésel S. A. y Harsajudi S. A., el tribunal dispuso su clausura definitiva y disolución.
En este proceso, para el próximo 14 de septiembre está convocada la audiencia de suspensión condicional de la pena que solicitaron cuatro sentenciados en calidad de cómplices.
Caso Goleada
Esta causa también se encontraba en la unidad anticorrupción disuelta por el Consejo de la Judicatura y, de hecho, quedó en suspenso por la resolución del organismo.
El 8 de septiembre, el juez encargado Sebastián Cornejo resolvió inhibirse del caso sin declarar la nulidad del mismo. El magistrado notificó a las partes que no continuará al frente de este proceso y dejó sin efecto la reinstalación de la audiencia prevista para el 9, 10, 11, 12 y 13 de septiembre.
En Goleada existen 26 investigados: 17 personas naturales y 9 empresas. Entre los procesados están Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil; sus hermanos Xavier y Antonio; su madre, Gioconda Henriques; su esposa, Fiorella Ycaza; sus primos Andrés y Fernando Viteri; el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez y su hermano Gabriel Chávez, entre otros.
La Fiscalía acusa al alcalde y a su familia de supuestamente conformar una estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles, que habría servido para lavar dinero.
El caso se encuentra estancado en la fase de evaluación y preparatoria de juicio desde hace dos meses.
Caso La Reina
Las investigaciones a cargo de la Fiscalía se iniciaron en julio de este 2026 e indaga a los hermanos David y Farid Dieb Bergher, así como a Navila Dieb, reina de Guayaquil 2020 y exfuncionaria municipal, por el presunto lavado de activos.
El caso se encontraba en la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, mientras que la apelación a la prisión preventiva de los hermanos Farid Dieb recayó en la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Pichincha, integrado por los jueces Esteban Coronel (ponente), Lauro Sánchez y Fabiola Fierro.
Las indagaciones del caso La Reina analiza movimientos, depósitos, transferencias, cheques, movimientos migratorios y adquisiciones de bienes entre 2020 y 2026 por parte de Navila y su círculo familiar. Por este caso, Fiscalía mantiene bajo análisis más de $ 1,2 millones que se habrían movido en el círculo de Navila aparentemente sin los debidos justificativos. En la causa también es mencionado el alcalde Aquiles Alvarez.
El 9 de septiembre, el tribunal decidió que se difiera la audiencia de apelación a la prisión preventiva para aclarar la competencia en razón de la resolución del Consejo de la Judicatura de suprimir la unidad anticorrupción.
Caso Encuentro
En este caso se sentenció a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, a diez años de cárcel; y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), una pena agravada de nueve años y cuatro meses.
Estaba pendiente que se de a conocer la resolución sobre la apelación de este fallo que plantearon Carrera e Icaza.
E instalar la audiencia de juzgamiento de Leonardo Contázar y Karen Cornejo, dos de los cinco procesados que tenían en suspenso esta etapa por estar prófugos.
Se los acusó de ser parte de una trama de corrupción para direccionar contratos de funcionarios en empresas públicas, como CNEL, BanEcuador y las Aduanas.
Otros procesos en curso
A estas causas se suma el caso Jaque, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada, en la que estarían involucrados varios funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), quienes serían parte de una red de corrupción en la que, a cambio de dinero, entregaban de forma irregular licencias de conducir, matrículas, permisos de operación y otros documentos. Entre los procesados se encuentra el exdirector de la ANT Pedro Abril.
Está también el caso Blindado, en el cual se procesa, entre otros, al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, por lavado de activos. La Fiscalía indaga una presunta estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención sistemática y el aprovechamiento indebido de fondos estatales. Según la investigación, el monto del presunto lavado de activos sería de $ 7,5 millones que habrían terminado en el círculo cercano del alcalde de Esmeraldas, en empresas vinculadas, en cuentas en el exterior y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
¿A dónde irán estos casos?
En su resolución del 7 de septiembre, la Judicatura suprimió tres instancias que investigaban delitos relacionados con corrupción y crimen organizado:
- Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado;
- Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado; y,
- Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
El organismo de administración de justicia dispuso que estas causas pasen a las unidades penales de Quito, que son cuatro, a las cuales se les cambió el nombre ante la fusión con la unidad anticorrupción, estas son:
- Unidad Judicial de Garantías Penales y Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado con sede en la parroquia Iñaquito;
- Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Infracciones Flagrantes y Flagrancias de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado con sede en la parroquia Mariscal Sucre;
- Tribunal de Garantías Penales y Especializado en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado con sede en la parroquia Iñaquito;
- Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito y en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Esta unidad fusionada tendrá 50 jueces, entre los que se incluirá a los magistrados anticorrupción. Mercedes Caicedo defendió la capacidad de los jueces para asumir los casos e informó que se están proponiendo capacitaciones para los juristas, a través de la Escuela de la Función Judicial y universidades.
“Todos tenemos el mismo perfil, los perfiles van cambiando de acuerdo a la categoría de los juzgadores, es decir, los jueces de unidad tienen un perfil, los jueces de tribunal tienen otro perfil, los jueces de sala otro perfil. Y este es exactamente el mismo perfil que tienen los jueces anticorrupción. Para generar un criterio uniforme, lo que se está planteando es que la Escuela de la Función Judicial dé capacitación a estos magistrados y a esta nueva unidad fortalecida, a esta unidad de 50 jueces. ¿Cómo lo va a hacer la Escuela? Pues hemos tenido varios convenios, por ejemplo, está la UDLA, está la UIDE, está la Universidad Metropolitana y otras que van a colaborar, así que no tenemos ningún problema de falta de capacitación», recalcó la presidenta de la Judicatura. (I)
Fuente: El Universo