Al cumplirse sus primeros 100 días de gestión, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha ejecutado una de las reformas financieras más profundas en la historia reciente del país: la eliminación definitiva del subsidio a los combustibles. Esta maniobra ha tenido como objetivo principal la estabilización de la moneda nacional y el fortalecimiento de la confianza en los mercados internacionales, a pesar de haber provocado un alza en los costos operativos del transporte y una carga adicional para las familias bolivianas, que lidian con una inflación anual cercana al 20%.
Para mitigar el impacto del encarecimiento de la vida, el gobierno de tendencia centroderecha de Paz implementó una serie de medidas de alivio social, entre las que destacan:
- Creación de un bono especial destinado a madres, menores de edad y adultos mayores.
- Un incremento del 20% en el salario básico nacional.
- Reducción de la carga tributaria para el sector empresarial.
- Incentivos económicos para fomentar la repatriación de capitales.
Asimismo, el mandatario confirmó que mantendrá vigentes los bonos de asistencia social que fueron establecidos durante las casi dos décadas de administración del Movimiento Al Socialismo (MAS), bajo los mandatos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
La crisis heredada y el colapso financiero
Al asumir el mando, Rodrigo Paz se encontró con una nación en una situación financiera crítica, con las reservas internacionales en niveles mínimos, una severa escasez de divisas estadounidenses y falta de liquidez para la importación de hidrocarburos. Según datos proporcionados por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, mantener la subvención a los combustibles representaba un gasto anual superior a los 2.000 millones de dólares.
En una reciente entrevista concedida a la cadena Unitel, el presidente Paz describió el panorama que enfrentó al inicio de su gestión:
“No había combustibles, no había disponibilidad de dólares en el Banco Central, había hasta cinco tipos de cambio, había un proceso inflacionario. Hoy día toda esa situación ha cambiado significativamente”
.
El jefe de Estado añadió que la ciudadanía comprendió que el modelo anterior era insostenible, afirmando que
“la gente se dio cuenta de que así no podía seguir. Era urgente este cambio difícil y complejo”
. Antes de que se tomara esta determinación, los ciudadanos debían someterse a extenuantes jornadas de espera en las estaciones de servicio para abastecerse.
Cabe recordar que la supresión de estos subsidios fue un objetivo evadido por gestiones previas. En 2010, el entonces presidente Evo Morales intentó aplicar una medida similar, pero tuvo que retractarse debido a la magnitud de las protestas sociales.
Sobre la realidad actual, José Quinteros, un comerciante de 38 años dedicado a la venta de pinturas en La Paz, comentó:
“Los bolivianos sabíamos que eso tenía que pasar. Era eso o que sigamos haciendo cola en las estaciones de gasolina”
. Quinteros señaló que, aunque los precios han subido, el incremento ha sido menor comparado con la inestabilidad vivida en el periodo de Arce.
Este respaldo ciudadano se refleja en las estadísticas. De acuerdo con un sondeo de la firma IPSOS-Ciesmori publicado en febrero, el 78% de los consultados manifestó su respaldo a la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina, una postura que contrasta con el rechazo de sectores sindicales opositores.
Desafíos estructurales y gobernabilidad
El futuro económico de Bolivia depende en gran medida de su capacidad para atraer dólares en el corto plazo. La producción de gas natural, que ha sido el pilar de las exportaciones del país, ha experimentado un declive drástico tras la nacionalización de los pozos en 2006.
El analista Gonzalo Chávez sostiene que el gobierno enfrenta ahora retos legislativos cruciales.
“Ahora vienen los grandes desafíos que tienen que ver con una nueva ley de hidrocarburos y de inversiones”
, explicó Chávez, enfatizando que el país necesita inversión extranjera directa y no solo depender de créditos internacionales, que según Paz, podrían alcanzar los 8.000 millones de dólares.
No obstante, el camino político es complejo. El oficialismo no cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa. Además, la figura del vicepresidente y titular del Legislativo, Edman Lara, se ha consolidado en una postura de oposición abierta al Ejecutivo, lo que obliga a Rodrigo Paz a buscar consensos y pactos políticos para lograr la aprobación de sus leyes.
Desde la perspectiva ciudadana, las expectativas siguen siendo altas. Juana Quispe, estudiante de 21 años, instó al gobierno a enfocarse en la creación de empleo juvenil, mientras que José Quinteros concluyó esperando que estas reformas permitan que los bancos vuelvan a operar libremente con dólares.
“Aún creo en Paz. No he votado por él, pero espero que él nos saque de esta crisis”
, puntualizó Quispe.
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