El proyecto de ley urgente que busca controlar los gastos de los municipios y prefecturas superó su penúltimo obstáculo. La tarde de este martes 17 de febrero de 2026, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó, en una sesión virtual, el informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los GAD.
La votación reflejó la polarización que ha marcado el trámite de la norma desde su inicio. El documento obtuvo 6 votos a favor (principalmente de la bancada oficialista ADN y aliados), 2 votos en contra (Revolución Ciudadana) y una abstención.
Con esta decisión, el informe será enviado al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien deberá convocar al Pleno para el debate definitivo en el que se decidirá la aprobación o el archivo de la propuesta del presidente Daniel Noboa.
Está previsto que el debate en el pleno de la Asamblea sea a las 11:00 del 20 de febrero de 2026, en una sesión que se realizará en Guayaquil, en la Universidad Ecotec.
El debate: Eficiencia versus autonomía
Durante la sesión de este martes, los legisladores de la comisión expusieron sus posturas finales, las cuales han chocado constantemente desde el primer debate del pasado sábado 14 de febrero.
Desde el oficialismo, los asambleístas defendieron la urgencia de la ley citando los hallazgos presentados por la Contraloría y Finanzas.
«No podemos permitir que se sigan desviando recursos en fiestas mientras hay obras pendientes. La regla fiscal es necesaria para ordenar la casa», argumentaron desde la bancada de Gobierno, haciéndose eco de las denuncias sobre municipios con un número alto de casos con índices de responsabilidad penal detectados por la Contraloría.
La oposición (liderada por el correísmo) mantuvo su rechazo, alegando que la norma es inconstitucional. Sus asambleístas advirtieron que la aprobación del informe es un «golpe a la descentralización» y reiteraron que, sin el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con los GAD, exigir más inversión es técnicamente imposible y obligará al cierre de servicios sociales.
Los ajustes en el proyecto
El texto aprobado para segundo debate incluye modificaciones clave respecto al documento inicial enviado por el Ejecutivo. La mayoría de los cambios surgieron tras la comparecencia de autoridades el lunes 16 de febrero.
Regla del 70/30 se debe cumplir hasta 2028
Si bien se mantiene la obligación de destinar el 70 % del presupuesto a inversión y solo el 30 % a gasto corriente, se estableció un cronograma progresivo hasta 2028. En la propuesta original el plazo era hasta 2029.
Las Juntas Parroquiales no entran en la reforma.
En la propuesta original, el Gobierno también incluía a las Juntas Parroquiales, pero la Comisión que trató el texto, retiró a estos GAD del proyecto.
El fantasma de la corrupción
Un factor determinante para la mayoría de la comisión fueron las cifras presentadas por la Contraloría General del Estado. Según el informe expuesto ayer, la provincia de El Oro presenta un escenario crítico: de 18 informes generales auditados, se derivaron 26 indicios de responsabilidad penal, una cifra inédita que supera al número de auditorías.
Pichincha y Guayas también encabezan la lista con 17 y 8 indicios penales respectivamente.
Con las nuevas reglas prevén mayor fiscalización y mejor destino de los fondos. El Ministerio de Economía vigilaría este gasto de manera trimestral.
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