La detención de Ángel Aguirre Rivero por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha reabierto el expediente de una gestión que quedó marcada por una de las mayores crisis políticas y sociales en la historia reciente de Guerrero.
El exmandatario abandonó el cargo en octubre de 2014, solo semanas después de la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
Más de una década después, la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que un nuevo análisis ha permitido acreditar su probable intervención en el ocultamiento de evidencias que pudieron haber ayudado a localizar a los estudiantes.
No obstante, Ayotzinapa no fue el único episodio que puso bajo la lupa al gobierno de Aguirre Rivero. Su administración, que comenzó en 2011 tras una alianza opositora al PRI, terminó inmersa en cuestionamientos por seguridad, manejo de recursos y acusaciones contra personas de su círculo íntimo.
La crisis de Ayotzinapa y la salida del gobierno
Durante los primeros años, Aguirre Rivero gobernó un Guerrero afectado por grupos criminales, conflictos sociales y una violencia creciente. Pero fue la desaparición de los 43 normalistas lo que desató la mayor crisis de su mandato. Tras los hechos en Iguala, protestas nacionales e internacionales aumentaron la presión sobre el gobierno estatal, hasta que el mandatario solicitó licencia en octubre de 2014.
La investigación del caso Ayotzinapa avanzó y colocó bajo la lupa a funcionarios estatales y federales. En 2026, la FGR inició una nueva fase al señalar al exgobernador por su probable responsabilidad en el ocultamiento de información.
El caso del hermano y las acusaciones financieras
Antes y después de dejar el cargo, el nombre de Ángel Aguirre también se vinculó con investigaciones por presuntas irregularidades financieras de su administración. En febrero de 2015, Carlos Mateo Aguirre Rivero, su hermano, fue detenido junto a otras personas por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 287 millones de pesos. Las autoridades indicaron que esos fondos estarían relacionados con contratos y operaciones empresariales.
La investigación alcanzó a otros familiares y personas vinculadas a empresas contratistas, mientras la entonces Procuraduría General de la República analizaba movimientos financieros vinculados a recursos públicos federales y estatales. Estos señalamientos aumentaron la presión política sobre el exgobernador, quien ya había dejado el cargo tras la crisis de Ayotzinapa.
Un gobierno bajo la sombra de la violencia
La gestión de Aguirre Rivero se desarrolló en un estado históricamente violento, pero durante su mandato varios municipios enfrentaron una disputa creciente entre grupos criminales por rutas, territorios y actividades ilegales. Guerrero registró episodios de alto impacto como homicidios, enfrentamientos y conflictos sociales que mostraron las dificultades del gobierno estatal para controlar la crisis de seguridad.
El caso de Iguala reveló además la infiltración del crimen organizado en estructuras municipales, luego de que autoridades señalaran vínculos entre funcionarios locales y grupos criminales involucrados en la desaparición de los estudiantes.
El regreso del caso Aguirre una década después
Aunque durante años Aguirre Rivero negó cualquier responsabilidad en los hechos de Ayotzinapa, la nueva investigación de la FGR abrió una etapa diferente al señalarlo por posible participación en el ocultamiento de evidencias. A más de 10 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso sigue siendo uno de los mayores pendientes de justicia en México. Ahora, el nombre del exgobernador regresa al centro de la investigación que marcó el final de su carrera política y definió uno de los episodios más complejos de Guerrero en las últimas décadas.
Fuente: Infobae