El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó al Pleno para este jueves 26 de febrero de 2026 en Samborondón, con el fin de debatir y resolver el segundo informe del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. La sesión no se realizará en el Palacio Legislativo en Quito, sino en el campus de la Universidad Ecotec.
El Ejecutivo requiere al menos 77 votos para aprobar la iniciativa antes del 27 de febrero de 2026. En esa fecha vence el plazo constitucional para pronunciarse sobre el proyecto urgente.
En el ámbito minero, la propuesta introduce modificaciones de amplio alcance a la Ley de Minería. Se reforman disposiciones sobre:
- Los actos administrativos previos a la ejecución de actividades extractivas
- El régimen de patente de conservación
- Las etapas de exploración y explotación
- El sistema de regalías.
El texto también incorpora un capítulo orientado al fomento de la inversión, la creación de clústeres mineros y la figura de áreas con protección de seguridad estratégica. Según la exposición oficial, estos cambios buscan reforzar la rectoría del Estado, clarificar competencias institucionales y actualizar el marco normativo para dotarlo de mayor seguridad jurídica.
La iniciativa plantea, además, ajustes en la distribución de regalías hacia los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), regula con mayor detalle la pequeña minería y la minería artesanal. Asimismo, incluye disposiciones que, en teoría, fortalecen los controles ambientales y promueven sostenibilidad y desarrollo territorial.
Sin embargo, el alcance real de ese fortalecimiento dependerá del contenido final que apruebe el Pleno y de cómo se implementen las normas secundarias. La tensión entre promoción de inversión y protección ambiental seguirá siendo uno de los ejes más sensibles del debate.
Cambios en el sector eléctrico: apertura a privados
En materia energética, la reforma modifica la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Entre otros aspectos:
- Redefine el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad por parte de empresas públicas y privadas
- Regula la generación distribuida para autoabastecimiento y la autogeneración
- Establece reglas para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y actores de la economía popular y solidaria.
Se propone la creación de mecanismos como el mercado de capacidad, concebido para garantizar suficiencia y confiabilidad en el sistema eléctrico nacional. También se detallan disposiciones sobre títulos habilitantes, garantías financieras, reversión de bienes al Estado, despacho económico y distribución de utilidades en proyectos con impacto territorial.
El Ejecutivo sostiene que estas reformas permitirán optimizar la gestión pública y privada, bajo disposiciones especiales y de orden público aplicables en todo el territorio nacional. En la práctica, el debate girará en torno a cuánto espacio se abre a la inversión privada y bajo qué condiciones de control estatal.
Cuestionamientos: ¿modernización o regresión normativa?
Ahora, el avance de la reforma hacia el segundo debate también ocurre en medio de fuertes críticas. Organizaciones sociales, colectivos ambientales y legisladores de oposición sostienen que el texto implica un: debilitamiento de salvaguardas ambientales, una ampliación de prerrogativas para el sector extractivo y posibles conflictos de interés en su trámite legislativo.
Las objeciones se concentran en cuatro ejes:
- Flexibilización de controles
- Ampliación de plazos de exploración
- Militarización de territorios
- Mayor apertura a la participación privada en el ámbito eléctrico.
El punto más controvertido es la sustitución de la licencia ambiental por una autorización administrativa en determinadas fases del proceso minero. Para sus detractores, este cambio representa una regresión normativa que reduce el control previo del Estado y rebaja estándares de protección ambiental.
A ello se suma la incorporación del silencio administrativo positivo: si en seis meses la autoridad no responde a los estudios de regularización, la autorización se entenderá concedida. Sus críticos advierten que los derechos de la naturaleza no pueden quedar supeditados a la inacción burocrática.
También genera alarma la ampliación del plazo máximo de exploración de ocho a 15 años. Según voces opositoras, esta extensión permitiría la ocupación prolongada de territorios sin obligación inmediata de explotación, favoreciendo dinámicas especulativas sobre áreas estratégicas.
La creación de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica es vista por organizaciones sociales como una puerta a la militarización de zonas extractivas y a la criminalización de la resistencia comunitaria, además del uso de recursos públicos para resguardar intereses privados.
En materia eléctrica, la ampliación de causales para delegar el servicio a empresas privadas es interpretada por sectores de oposición como una privatización encubierta que desnaturaliza el carácter excepcional previsto en la Constitución.
Especialistas también alertan que el modelo de clústeres mineros podría subordinar la planificación territorial y el uso de recursos estratégicos —como el agua— a la lógica extractiva, particularmente en ecosistemas megadiversos como la Amazonía.
En ese contexto, existe preocupación de que la agilización de trámites y la transición automática entre fases mineras conviertan la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas en un procedimiento meramente formal.
Votación en disputa
Con base a las dos posturas, las distintas bancadas y bloques legislativos (PSC, PK, aliados de ADN e independientes) se encuentran evaluando el contenido del informe para definir su postura. El margen es estrecho: sin 77 votos afirmativos, la ley no prosperará en los términos planteados por el Gobierno.
Radio Pichincha