La Cámara Federal porteña ha resuelto mantener vigente la investigación penal por el presunto pago de gratificaciones ilegales por parte de la constructora brasileña Odebrecht. El caso se centra en irregularidades detectadas en los proyectos de ampliación de gasoductos en la República Argentina. Con este fallo, se desestimaron los pedidos de prescripción realizados por las defensas de figuras como el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsecretario de Energía, Daniel Cameron.
Esta solicitud de cierre ya había sido rechazada durante el año pasado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien lidera el expediente. Tras las apelaciones correspondientes por parte de los imputados, la decisión fue ratificada ahora en una segunda instancia judicial, asegurando la continuidad del proceso.
El magistrado Roberto Boico, integrante del voto mayoritario junto al juez Martín Irurzun, argumentó que la legislación permite interrumpir el conteo de los plazos de prescripción cuando los investigados desempeñan cargos en la administración pública. Esta disposición legal busca prevenir que la posición de poder de los funcionarios sea utilizada para entorpecer las pesquisas o evadir responsabilidades penales.
Dicho criterio jurídico fue aplicado específicamente a Cristian Folgar, uno de los procesados, quien mantuvo vínculos laborales con el Estado hasta periodos recientes. Folgar se desempeñó en la Cámara de Diputados, cumpliendo funciones de asesoría técnica y administrativa bajo la órbita de la diputada Margarita Stolbizer.
La Cámara Federal subrayó que esta permanencia en el sector público genera una presunción válida de que el plazo de cierre se detuvo, aunque se instó a recolectar mayores precisiones sobre las tareas exactas desempeñadas por Folgar. De esta manera, la Sala avaló que el procedimiento judicial siga su curso habitual.
En una postura divergente, el juez Eduardo Farah manifestó su disidencia. En su voto particular, el magistrado señaló que el proceso judicial presenta un retraso que considera injustificado, superando los márgenes establecidos por la Constitución Nacional y las leyes vigentes para la resolución de causas. Según el documento judicial, Farah sostuvo que
“el cierre del expediente resulta un imperativo y que debe sobreseerse a todos los imputados”
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Antecedentes y desarrollo de la pesquisa
Previamente, la jueza María Eugenia Capuchetti ya había denegado un pedido de la defensa de Marcio Faria Da Silva, quien fuera vicepresidente de Odebrecht. Sus representantes legales argumentaban que los delitos de cohecho imputados —vinculados al ofrecimiento de beneficios indebidos— ya habían prescrito tras un periodo de seis años.
La defensa de Da Silva indicaba que los sucesos bajo investigación ocurrieron entre 2004 y 2006, con algunas transferencias monetarias detectadas por la justicia de Estados Unidos hasta el año 2014. Si bien el fiscal de la causa compartió inicialmente este criterio, la Unidad de Información Financiera (UIF), en su rol de querellante, presentó una fuerte oposición basándose en que varios imputados, como Folgar, ocuparon cargos estatales hasta el año 2020.
La jueza Capuchetti ratificó dicha objeción, enfatizando que Julio De Vido percibió haberes como legislador hasta finales de 2019. Asimismo, otros implicados como Luis Beuret y Julio Bragulat, quienes representaban a la empresa pública CAMMESA, se mantuvieron en sus puestos hasta 2017 y 2020 respectivamente.
El corazón de la investigación se enfoca en el flujo de pagos no autorizados que ascenderían a 25 millones de dólares entre los años 2007 y 2014. Estos fondos habrían sido gestionados por una oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht, dedicada exclusivamente a transacciones encubiertas. La firma constructora admitió en sede judicial brasileña haber repartido sumas ilícitas para ser favorecida en licitaciones públicas en Argentina, específicamente en los contratos para expandir las redes de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN).
El expediente, que ya cuenta con más de 17 años de tramitación, se encuentra fragmentado. Mientras que el tramo denominado “Odebrecht-Aysa” fue elevado a juicio oral en 2019 por acuerdos cercanos a los 2.300 millones de dólares, esta rama específica continúa en etapa de instrucción. La pesquisa se apoya fuertemente en las confesiones de Luiz Antonio Mameri y del propio Da Silva, quienes colaboraron con las autoridades brasileñas revelando maniobras prohibidas en diversos proyectos locales. Este caso forma parte del entramado de corrupción regional conocido como Lava Jato.
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