En una nueva resolución dentro del prolongado juicio por la expropiación de YPF, la magistrada del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ha desestimado la petición interpuesta por la República Argentina que buscaba paralizar el proceso de discovery (revelación de pruebas). El Estado nacional había solicitado esta suspensión mientras aguarda un veredicto de la Corte de Apelaciones respecto a la causa de fondo; sin embargo, tras la negativa judicial, se prevé que el país apele esta decisión de inmediato.
Este fallo implica que la presentación de evidencias continuará sin interrupciones en el litigio que enfrenta a la nación contra los fondos Burford Capital e Eton Park por la estatización de la petrolera de mayoría estatal. La instancia se mantiene firme a pesar de que todavía existe un trámite pendiente en el tribunal de alzada.
El foco del conflicto actual reside en la fase de ejecución de la sentencia definitiva, la cual determina que Argentina debe pagar USD 16.100 millones más intereses a los beneficiarios tras la expropiación ocurrida en el año 2012. Desde el mes de mayo de 2024, los demandantes han intensificado sus solicitudes de discovery —etapa donde las partes deben intercambiar datos cruciales— con la clara intención de identificar activos argentinos embargables, poniendo la lupa específicamente sobre las reservas de oro del país.
Al respecto, Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, analizó la situación señalando la persistencia legal del Estado:
“Con seguridad el país apelará este nuevo fallo de la magistrada neoyorquina. Será la 6ta apelación en simultáneo en el caso por la expropiación de YPF (primaria, entrega acciones, ONG, ‘WhatsApps’, defensa de YPF y, ahora, discovery)”
.
Previamente, la representación legal de Argentina había remitido un escrito ante los tribunales estadounidenses manifestando su oposición al pedido de desacato y a las sanciones solicitadas por los beneficiarios del fallo original. En dicha presentación, el país calificó las exigencias de revelación de pruebas como “gravosas” y carentes de fundamento legal sólido. El argumento oficial sostiene que estas maniobras judiciales no buscan identificar bienes ejecutables, sino ejercer una presión indebida en el marco de las negociaciones.
La controversia por el oro del Banco Central
En las jornadas recientes, los demandantes en el caso YPF elevaron una petición a la jueza Preska para realizar una Audiencia Probatoria. El objetivo de esta diligencia es obligar al Tesoro argentino a demostrar fehacientemente que no posee información sobre la ubicación exacta y el manejo de las reservas de oro soberano.
Como contrapartida, la defensa nacional presentó la semana pasada una declaración jurada ante el tribunal referida a los activos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En el documento se sostiene que dichas reservas poseen inmunidad soberana y, por tanto, no pueden ser objeto de ejecución judicial en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción internacional, más allá de cualquier requerimiento informativo. El texto lleva la firma de José Ignacio García Hamilton, secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, y detalla que la información fue consolidada tras consultas con el Ministerio de Seguridad y la propia autoridad monetaria.
La postura del BCRA, detallada en la documentación, advierte que difundir datos sobre las cuentas donde se custodian las barras de oro comprometería la política monetaria y la estabilidad financiera de la nación. El ente remarcó su naturaleza de organismo autárquico, señalando que ceder ante estos requerimientos vulneraría su autonomía institucional de manera directa.
Portavoces gubernamentales enfatizaron que
“las reservas del BCRA gozan de inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos, en la Argentina ni en ningún otro país, con independencia de cualquier solicitud de discovery”
. Asimismo, advirtieron que cualquier filtración sobre la ubicación geográfica de los activos de reserva podría desestabilizar el respaldo de los depósitos y el funcionamiento del sistema financiero argentino.
La declaración jurada suscrita por el secretario de Legal y Técnica fundamenta el carácter reservado de estos datos sensibles. Por su parte, la Procuración del Tesoro intervino subrayando que la potestad sobre las reservas es exclusiva del Banco Central. Entregar estos registros, según el organismo, rompería el principio de confidencialidad necesario para proteger la seguridad económica y la independencia funcional de la institución monetaria.
A pesar de estos argumentos, los fondos demandantes insisten en que Argentina debe precisar localización, cuentas e historial de los movimientos de oro, exigiendo la comparecencia de un funcionario capacitado. En caso de que el Estado persista en declarar que no tiene acceso a esos datos por estar en manos del BCRA, los acreedores han solicitado formalmente que se cite a declarar a aquellos responsables con conocimiento directo sobre el traslado y custodia del metal precioso.
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