El Tribunal Supremo de España ha dado inicio este martes a la fase oral del proceso judicial contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su antiguo asistente de confianza, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Los tres están bajo investigación por supuestas anomalías en la adjudicación de contratos para la provisión de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante el periodo de emergencia sanitaria.
Mientras que Ábalos y García, quienes cumplen prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, fueron movilizados en furgones policiales desde el centro penitenciario de Soto del Real en Madrid, el empresario Aldama acudió a la sede del alto tribunal por sus propios medios, caminando junto a su representante legal al ser el único de los implicados que goza de libertad provisional.
De acuerdo con el calendario judicial, los tres procesados ofrecerán su testimonio formal hacia la conclusión de la vista, fecha que se ha programado tentativamente para el 28 de abril. En las sesiones iniciales, se espera la comparecencia de diversos testigos clave, entre los que se encuentran un hijo del propio Ábalos, un hermano de García, socios del entorno de Aldama y Jéssica Rodríguez, quien fuera pareja sentimental del exministro.
Este proceso judicial, que se estima durará trece jornadas distribuidas en cuatro semanas hasta el cierre de abril, se desarrolla en el emblemático Salón de Plenos, lugar donde también se juzgó el caso del ‘procés’. En el banquillo, Ábalos y Koldo se han ubicado juntos, resguardados por efectivos policiales que los separan de Aldama. Ambos exfuncionarios han sostenido en sus escritos de defensa que no han cometido ningún tipo de infracción penal.
La tesis de la Fiscalía sobre el lucro ilícito
La Fiscalía Anticorrupción plantea que los acusados se concertaron para sacar provecho de la posición de Ábalos al frente del Ministerio de Fomento (luego denominado de Transportes) desde su nombramiento en junio de 2018. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, argumenta que los implicados se unieron con el objetivo de «favorecer», a cambio de retribuciones financieras, la contratación pública con empresas cuyos intereses eran gestionados por Víctor de Aldama, todo ello movido por un claro «ánimo de enriquecimiento».
Según el escrito de acusación, los tres sujetos «acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando». La Fiscalía también subraya que contaron con el respaldo, ya fuera esporádico o constante, de otros funcionarios de la cartera de Transportes y de personas allegadas al círculo empresarial de Aldama y familiar de Koldo García.
El Ministerio Público enfatiza que esta presunta organización criminal poseía una «innegable vocación de permanencia en el tiempo», logrando operar por varios años y extendiendo sus actividades ilícitas hasta que la salida simultánea de Ábalos y Koldo del ministerio en julio de 2021 comenzó a debilitar la estructura.
Solicitudes de condena y roles en la trama
Para la Fiscalía, la cohesión del grupo no solo facilitó delitos, sino que permitió a Aldama gozar de una
«interlocución privilegiada»
tanto en Transportes como en otros entes estatales. Debido a esto, se solicitan 24 años de cárcel para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por delitos que incluyen malversación, tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y aprovechamiento de información reservada, además de una multa de 3,8 millones de euros.
En el caso de Víctor de Aldama, la petición fiscal es de 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones, tras haberse declarado culpable y recibir una atenuante por confesión. Por otro lado, las acusaciones populares representadas por el Partido Popular (PP) exigen una pena más severa de 30 años de reclusión para el exministro y su exasesor.
La narrativa fiscal detalla un reparto de funciones muy definido: Ábalos era considerado
«el jefe»
, aportando su autoridad y capacidad de influencia directa. Bajo su mando, Koldo García ejercía como su
«alter ego»
, realizando gestiones de toda naturaleza que iban desde lo profesional hasta lo estrictamente personal e ilícito. El fiscal sostiene que García llegó a actuar
«de facto como testaferro»
de Ábalos, manejando flujos de dinero en efectivo de origen ilegal.
Tráfico de influencias y testimonios destacados
Sobre Víctor de Aldama, se le describe como un empresario con intereses en sectores diversos como la hostelería e hidrocarburos, cuyo acceso preferencial al ministerio le permitió anticiparse a las necesidades de compra de material sanitario. La Fiscalía asegura que este lograba canalizar contratos, como los de la firma Soluciones de Gestión, a cambio de pagos recurrentes a Ábalos y Koldo, que incluían mensualidades de 10.000 euros y el pago de alquileres para sus viviendas o de sus allegados.
Finalmente, el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta, y conformado por magistrados como Manuel Marchena y Susana Polo, escuchará a más de 70 testigos. Entre ellos destacan el ministro Ángel Víctor Torres y la titular del Congreso, Francina Armengol, quienes durante la pandemia lideraron los gobiernos de Canarias y Baleares, respectivamente. Ambos han sido autorizados para testificar por escrito de acuerdo a las prerrogativas de sus cargos.
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