La tarde de este jueves, 4 de junio, la audiencia de formulación de cargos en contra del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otras siete personas implicadas en el caso Blindaje se reinstaló para conocer la resolución de la jueza Silvana Velasco.
Alrededor de las 15:04, la magistrada de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizada reinició la audiencia para compartir su decisión ante los presentes en la sala y quienes se mantuvieron conectadas de manera telemática.
El alcalde Villacís y los otros procesados siguieron la diligencia desde la Sala de Aseguramiento.
En su dictamen, la jueza aceptó el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra del alcalde Villacís. Similar medida otorgó a Luis Reina Tenorio, Juan Alberto Lastre, Carol Lemos Hurtado, Diego Montaño, Jonathan Monte; Kléber Salcedo y Jorge Pinos, ambos exjueces.
Para Luis Reina, quien tiene discapacidad del 50 %, se dispuso que el SNAI valore su situación de salud y provea la atención de salud del caso.
Además, la jueza dispuso que para Salcedo y Pinos, quienes son exjueces, se adopten las medidas correspondientes para su protección. La magistrada dijo que no podía disponer su traslado a la cárcel 4, sino que el SNAI debe decidir la prisión adecuada.
Pese a las condiciones de los procesados, incluyendo el alcalde, la jueza argumentó que existen latentes riesgos de que no comparezcan al proceso con medidas alternativas, incluso de fuga por la cantidad de recursos movilizados en la investigación en la presente causa.
La jueza dijo que ningún arraigo, incluido el cargo público de Villacís, impediría un riesgo de evasión del proceso en curso.
Para descartar la alternativa de uso de grillete electrónico, la jueza expuso que se ha evidenciado que estos equipos no darían garantías suficientes para mantener alertas de los movimientos de los implicados por las fallas presentadas anteriormente, incluso manipulaciones de quienes lo portaban.
En su resolución, la jueza además ordenó retención de cuentas, excepto los valores de sueldos, y de enajenar bienes.
En la parte inicial de esta diligencia, la jueza Velasco aseguró que se ha asegurado los derechos constitucionales y legales de los sujetos procesales y además que no fueron notificados del inicio de la investigación ya que Fiscalía ordenó actos urgentes con la respectiva reserva de la investigación.
Dijo que se han presentado los debidos elementos de convicción que hacen presumir sobre la formación de una estructura que captó millones de dólares de Petroecuador y los obligó a ingresar al sistema financiero sin justificación económica, ni lógica comercial razonable, ni con los debidos controles regulados.
Durante alrededor de 50 minutos extendió la lectura de los hechos presentados en el caso..
Recordó que esta investigación se originó a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), según la Fiscalía.
En torno a las pesquisas apuntan a una presunta estructura integrada por funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares.
En la indagación se detallaron una serie de actuaciones relacionadas con acciones de protección que involucraron a Petroecuador y resoluciones judiciales que posteriormente fueron dejadas sin efecto por la Corte Constitucional.
Entre los antecedentes mencionados por Fiscalía constan pagos por más de $2,7 millones a una empresa y otro proceso relacionado con una reparación económica superior a $30 millones.
Además, la Fiscalía profundizó en la acción de protección relacionada con extrabajadores de Petroecuador que derivó en un desembolso de $15 millones por parte de la empresa pública.
Según expuso, parte de esos recursos fueron distribuidos entre abogados y posteriormente transferidos a terceros que hoy forman parte de la investigación.
La Fiscalía además señaló que el presunto lavado de activos tendría como delitos precedentes el cohecho, el prevaricato y el perjurio. En el caso del cohecho, la hipótesis de la investigación apunta a supuestos beneficios económicos que habrían llegado a funcionarios y servidores públicos.
Con los elementos presentados por Fiscalía, la jueza explicó que vislumbra la probabilidad de que los procesados hayan incurrido en el delito de lavado de activos.
Según las indagaciones, la magistrada refirió que se coloca a Villacís como uno de los cabezas de las operaciones, adquisición de bienes inmuebles y otras operaciones irregulares.
“Habría tenido un rol de dirigir y organizar la estructura criminal, disponer las presentaciones de las acciones de protección para posteriormente beneficiarse económicamente del dinero”, explicó la jueza, en base a los elementos de Fiscalía.
Las indagaciones apuntan que Villacis habría registrado ingresos de $ 7,5 millones que no guardan relación con lo declarado a entes públicos de control.
En la parte final de la audiencia, uno de los abogados de los acusados dijo que presentaría un recurso horizontal, el mismo que deberá presentar de manera escrita. (I)
Fuente: El Universo