La Audiencia Nacional ha abierto una línea de investigación para determinar si la presunta trama relacionada con el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, supuestamente encabezada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, intervino en las gestiones para la salida de Venezuela de Edmundo González Urrutia mediante la actuación de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Así lo señala uno de los autos incorporados al sumario de las diligencias previas 77/2024. En esa resolución, el juez José Luis Calama afirma que una agenda intervenida durante los registros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contiene anotaciones que “revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público”.
Entre esas notas manuscritas, el magistrado menciona expresamente “la liberación de presos en Venezuela” y “la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI) en relación con lo que parece corresponder con la repatriación de Edmundo González”.
La referencia aparece dentro de una investigación que comenzó por el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero que con el tiempo se ha ampliado hacia una trama de posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, en la que estaría supuestamente involucrado, como líder oculto, el expresidente Zapatero.
El nombre de Edmundo González aparece literalmente en el auto judicial analizado. Su incorporación al sumario introduce una dimensión especialmente sensible, ya que conecta la investigación con operaciones diplomáticas y de inteligencia vinculadas a Venezuela.
El líder opositor venezolano abandonó Caracas en septiembre de 2024 tras permanecer varios días refugiado en la Embajada española. Su salida se realizó en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas después de recibir un salvoconducto de las autoridades venezolanas. Posteriormente solicitó asilo en España.
Una agenda de Plus Ultra con referencias políticas
La pieza clave de esta parte de la investigación es una agenda negra con la serigrafía de Plus Ultra localizada durante los registros ordenados por la Audiencia Nacional. Según el juez, las anotaciones encontradas en ese cuaderno van mucho más allá de cuestiones empresariales y contienen referencias a actuaciones políticas y diplomáticas de alto nivel.
El auto sostiene que esas notas reflejan una “posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público” y agrega que también existen “numerosas anotaciones respecto de la oposición al Gobierno de Venezuela”.
Los investigadores consideran que ese material puede ayudar a reconstruir las conexiones internacionales de la trama y el alcance real de las relaciones mantenidas por algunos de los investigados con dirigentes y empresarios venezolanos.
La investigación sitúa en el centro de la causa a Julio Martínez Martínez, considerado por la Policía una figura clave del entramado y presunto testaferro de Zapatero. En distintas piezas separadas aparecen referencias a registros domiciliarios, bloqueo de cuentas bancarias, intervención de dispositivos electrónicos y análisis patrimoniales impulsados por la UDEF.
Los registros practicados en marzo contaron con la participación de varias unidades especializadas, entre ellas Guías Caninos, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y especialistas en ciberdelincuencia, según consta en los autos incorporados al procedimiento.
Parte de las diligencias permanecieron bajo secreto durante meses y dieron lugar a la apertura de distintas piezas separadas. El juez llegó incluso a ordenar que determinados informes policiales fueran tratados con especial reserva debido a la sensibilidad de la investigación.
Del rescate aéreo a una investigación sobre influencias y blanqueo
Lo que comenzó como una investigación sobre la legalidad del rescate de Plus Ultra acabó derivando en una causa mucho más amplia sobre presuntas redes de influencia y movimientos internacionales de fondos.
En varios autos, la Audiencia Nacional sostiene que existen indicios de una “estructura estable y jerarquizada” orientada presuntamente al ejercicio ilícito de influencias y al uso de sociedades opacas para canalizar operaciones económicas.
La causa incorpora además diligencias internacionales, comunicaciones con INTERPOL y solicitudes de información financiera remitidas a distintos países. Los investigadores sospechan que parte de las operaciones analizadas podrían estar vinculadas a estructuras empresariales utilizadas para mover fondos procedentes del extranjero.
Fuente: Infobae