El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Juan Patricio Maldonado, emitió un auto de sustanciación el 1 de agosto de 2026 mediante el cual rechazó el recurso de aclaración y ampliación interpuesto por la defensa del movimiento Amigo.
Con esta decisión, la organización política permanece suspendida provisionalmente en el marco de una investigación por un presunto caso de lavado de activos impulsada por la Fiscalía General del Estado.
El magistrado argumentó que el recurso presentado por Francisco David Loor Pisco, representante de la agrupación, no cumplía con los presupuestos legales establecidos en el Reglamento de Trámites del TCE. Según la normativa electoral, las aclaraciones y ampliaciones están reservadas exclusivamente para sentencias o autos definitivos que pongan fin al proceso.
En este caso, la impugnación pretendía modificar un auto de sustanciación dictado el 27 de julio de 2026, el cual ya había negado previamente una solicitud de nulidad. Al no tratarse de una resolución definitiva, el juez determinó que la facultad de interponer este tipo de recursos no opera de manera irrestricta.
La situación jurídica de movimiento Amigo tiene repercusiones en el panorama electoral, ya que la organización pretendía servir como plataforma para las candidaturas de la Revolución Ciudadana en las próximas seccionales. La suspensión actual, motivada por la denuncia del fiscal Leonardo Alarcón, frena el uso del casillero electoral por parte de dicha alianza política.
Además de este revés, el TCE ya había negado anteriormente un incidente de recusación presentado por la misma organización. En esa instancia, el juez alegó una falta de legitimación del representante legal, tras detectar que aparecía simultáneamente como dirigente de otra agrupación política.
Tras el rechazo del recurso, el tribunal dispuso notificar la decisión a la Fiscal General del Estado, así como al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la defensa técnica del movimiento. El proceso continuará bajo la sustanciación del juez Maldonado, mientras la organización política permanece impedida de realizar actividades proselitistas o de inscripción bajo su actual estatus legal.
Radio Pichincha
LV