La decisión del Consejo de la Judicatura (CJ) de eliminar las dependencias especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado genera posiciones divididas entre juristas. La medida, aprobada el 7 de septiembre por la emergencia de la Función Judicial, busca ampliar de 19 a más de 50 los jueces que podrán conocer estas causas y descongestionar el sistema.
El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, considera que la redistribución permitirá acelerar los procesos, siempre que los nuevos jueces reciban capacitación especializada. César García, del Colegio de Abogados del Guayas, coincide en que más jueces pueden ayudar, pero advierte que la medida podría generar problemas de competencia y eventuales nulidades.
García sostiene que una resolución administrativa no puede otorgar a jueces ordinarios una competencia nacional que, según su interpretación, está establecida en la ley para los jueces especializados. También cuestiona la aplicación del nuevo esquema a los procesos de extinción de dominio.
La relatora de Naciones Unidas Margaret Satterthwaite expresó preocupación por la eliminación de la unidad especializada y pidió garantizar recursos y capacidad suficientes para administrar justicia. El nuevo modelo deberá demostrar si logra mayor rapidez sin afectar la especialización ni la validez de los procesos.
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