La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha oficializado el inicio de una indagación preliminar enfocada en Delia Espinoza, quien se desempeñó como fiscal suprema y fiscal de la Nación. El proceso responde a presuntas irregularidades relacionadas con el aprovechamiento de bienes del Estado en el transcurso de su suspensión. Esta determinación institucional se derivó de una denuncia interpuesta por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar y quedó consignada en el Informe n.° 006-2026-GATRP-JNJ, presentado el 26 de enero de 2026 por el integrante de la JNJ, Gino Augusto Tomás Ríos Patio.
El punto central de la denuncia señala que Espinoza habría hecho uso de camionetas oficiales pertenecientes al Ministerio Público, específicamente las unidades con placas EGW-711 y EGW-715. Estas acciones habrían ocurrido a pesar de que la funcionaria se encontraba bajo una medida de suspensión de sus cargos, establecida mediante la Resolución n.° 143-2025-PLENO-JNJ con fecha del 19 de setiembre de 2025. Los reportes técnicos sugieren que este comportamiento constituiría un uso inapropiado de caudales públicos y una violación a los deberes éticos de la función judicial.
Análisis de legalidad y ética pública
Bajo la dirección de la doctora María Teresa Cabrera Vega, la JNJ justificó la medida argumentando la importancia de verificar si el uso de estos activos estatales vulnera los principios de responsabilidad y transparencia que rigen a los altos mandos del sistema de justicia. En un comunicado oficial, la entidad manifestó:
“La apertura de esta investigación preliminar busca determinar si la conducta atribuida a la investigada es incompatible con las responsabilidades inherentes a la función fiscal, aun durante un periodo de suspensión”
Dentro de las etapas de esta investigación, se ha previsto la recolección exhaustiva de material probatorio, incluyendo documentación oficial y testimonios que permitan corroborar si la ex magistrada utilizó los vehículos oficiales en el tiempo en que tenía prohibido ejercer sus facultades como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.
Por su parte, la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, enfatizó que el organismo mantiene un control estricto sobre el cumplimiento de los parámetros legales y el manejo de los recursos asignados a los funcionarios. Como parte de los protocolos establecidos, el ente regulador tiene la facultad de citar a la ex magistrada para que exponga sus argumentos de defensa y presente los descargos pertinentes ante las acusaciones del informe técnico.
Contexto de sanciones y destitución
Esta nueva investigación se suma a un historial reciente de sanciones disciplinarias. El pasado 23 de enero, la JNJ determinó, mediante votación unánime, la destitución definitiva de Delia Espinoza de su cargo titular de fiscal suprema. Este fallo fue el resultado de un proceso iniciado en septiembre del año anterior, tras concluirse que la ex funcionaria no cumplió de forma inmediata con la Resolución n.° 231-2025-JNJ. Dicha norma exigía la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en junio de 2025, omisión que fue catalogada como una falta grave contra la institucionalidad del organismo fiscal.
Adicionalmente, Espinoza ya arrastraba una sanción previa impuesta por el Congreso de la República a finales de 2025, consistente en una inhabilitación para el servicio público por un lapso de 10 años. El Parlamento basó esta decisión en el incumplimiento del artículo único de la Ley N° 32130. Según el expediente de la acusación legislativa, la ex fiscal omitió devolver a la Policía Nacional del Perú (PNP) sus atribuciones de investigación operativa y material de delitos en etapas preliminares, contraviniendo el marco legal vigente diseñado para reforzar el rol policial en el sistema penal.
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