Los tribunales de Italia han otorgado el aval legal para proceder con la extradición de la exdiputada y aliada cercana del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Carla Zambelli. La exlegisladora se encuentra privada de la libertad en territorio italiano desde hace ocho meses, tras haber salido de su país de origen aprovechando su ciudadanía europea luego de ser sentenciada a diez años de prisión por su responsabilidad en una ofensiva informática contra el Consejo Nacional de Justicia.
Ante este dictamen judicial, la defensa técnica de Zambelli ya ha manifestado que interpondrá un recurso de apelación con el objetivo de detener el traslado, un proceso que todavía se encuentra a la espera de la ratificación definitiva por parte del Ministerio de Justicia de Italia. Desde el momento de su captura, la exfuncionaria ha solicitado formalmente ser procesada bajo la jurisdicción italiana, sosteniendo el argumento de que en Brasil es víctima de una persecución política.
La condena por el ataque al sistema judicial
Fue en mayo de 2025 cuando la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil emitió una condena unánime en contra de Zambelli y el programador Walter Delgatti. A ambos se les vinculó con una estructura dedicada a la inserción de datos falsos dentro de los sistemas tecnológicos oficiales del Consejo Nacional de Justicia, con la clara intención de generar dudas sobre la integridad y legitimidad de los jueces brasileños.
La resolución judicial trajo consigo la anulación de su mandato como diputada. Aunque diversos sectores aliados a Bolsonaro en el Congreso intentaron impulsar medidas legislativas para que la política pudiera conservar su escaño, estas iniciativas no tuvieron éxito y se procedió con la pérdida de su cargo oficial.
Escándalos previos y sentencias adicionales
La figura de Carla Zambelli ya había generado un fuerte impacto en la opinión pública internacional durante la carrera presidencial de 2022. En aquel periodo, la entonces diputada protagonizó un altercado en el que, portando una pistola en mano, persiguió por las calles de Sao Paulo a un ciudadano simpatizante del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Por la gravedad de estos hechos, la justicia brasileña le impuso una pena de cinco años de cárcel adicionales en agosto de 2025.
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