En un movimiento trascendental para la política regional, el Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros de Israel ha ratificado este domingo una profunda reestructuración administrativa de Cisjordania. Esta normativa amplía significativamente las facultades gubernamentales para autorizar la edificación de asentamientos judíos, ejecutar la confiscación de tierras y gestionar sitios religiosos sensibles, tales como la Tumba de los Patriarcas en Hebrón y la Tumba de Raquel en Belén.
Los ministros Bezalel Smotrich (Finanzas) e Israel Katz (Defensa) han calificado esta reforma como un giro «dramático» en la gestión del territorio. Bajo este nuevo esquema, las autoridades israelíes asumirán competencias directas sobre licencias de construcción en la histórica urbe de Hebrón. Este cambio rompe con el protocolo establecido en 1997, el cual exigía el consenso entre las instituciones palestinas e israelíes para cualquier edificación nueva en dicha zona.
El propósito fundamental, según explicaron ambos funcionarios en un comunicado conjunto, es
«eliminar barreras vigentes desde hace décadas, derogar una legislación jordana discriminatoria y facilitar el desarrollo acelerado de asentamiento»
.
Hacia la normalización de los asentamientos
Asimismo, los ministros han señalado su intención de igualar las condiciones de vida de los colonos con las del resto de la ciudadanía de Israel.
«Vamos a eliminar barreras, a generar seguridad legal y civil y a permitir a los colonos vivir, construir y desarrollarse en igualdad con todos los ciudadanos de Israel»
, adelantaron. Por su parte, Smotrich subrayó que la iniciativa busca
«normalizar la vida en la ribera occidental»
y, al mismo tiempo,
«seguir matando la idea de un estado palestino»
.
Un punto crítico de la reforma es la apertura de los registros de tierras en Cisjordania. A partir de ahora, se publicarán datos que anteriormente eran confidenciales, permitiendo que cualquier individuo identifique a los propietarios de terrenos para realizar ofertas de compra de forma directa.
De igual manera, la nueva normativa anula una disposición de la época del control jordano que prohibía a personas no musulmanas la adquisición de tierras. Paralelamente, se ha decretado la creación de una autoridad municipal específica destinada exclusivamente al mantenimiento, limpieza y gestión de la Tumba de Raquel en Belén.
Seguridad y soberanía de facto
En el ámbito de la seguridad, el plan extiende las atribuciones israelíes hacia las Zonas A y B, demarcadas originalmente en los Acuerdos de Oslo. Aunque estos pactos otorgaban control civil palestino (Zona A) o mixto (Zona B) a estas áreas, Israel ahora intervendrá en temas de recursos hídricos, protección de sitios arqueológicos y mitigación de daños ambientales o contaminación.
El Consejo de Yesha, organización que representa a las colonias judías de la zona, ha recibido con beneplácito la medida, asegurando que esta decisión
«consolida la soberanía israelí sobre el territorio, ‘de facto’»
.
Reacción y condena de la Autoridad Palestina
Por su parte, el liderazgo palestino ha reaccionado con firmeza. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, calificó las acciones de
«ilegítimas e ilegales»
, afirmando que carecen de validez jurídica alguna.
Para Abbas, estas medidas representan una
«ampliación práctica de los planes de anexión y desplazamiento»
, señalando una violación directa a todos los compromisos firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel, incluyendo los Acuerdos de Oslo y el Acuerdo de Hebrón.
La OLP ha ratificado que no permitirá la ejecución de estos proyectos y que mantendrá su lucha por la autodeterminación hasta alcanzar
«un Estado de Palestina libre, independiente y totalmente soberano en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, capital eterna del Estado de Palestina»
.
Finalmente, el mandatario recordó que el Derecho Internacional prohíbe la colonización de territorios bajo ocupación militar y el desplazamiento forzoso. Por ello, instó a la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad de la ONU y al Gobierno de los Estados Unidos a intervenir de forma urgente contra lo que describió como una
«profundización de los intentos de anexionarse la Cisjordania ocupada y una continuación de la guerra del Gobierno contra los palestinos»
, en defensa de los derechos históricos de su pueblo.
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