El sistema judicial de Irán ha dictado una sentencia de muerte contra Amirhosein Musavi, un hombre de 40 años que se encontraba detenido desde diciembre de 2024. La condena, según lo informado por su abogado y confirmado por organismos de derechos humanos, está directamente relacionada con el contenido que publicaba en redes sociales.
Musavi fue hallado culpable del delito de “corrupción en la tierra”, una figura legal que en el país persa conlleva la pena capital. La acusación se vinculó con la administración de una cuenta anónima en la red X llamada “James B. Dean”, operada bajo el usuario @james_bidin. Las autoridades señalaron que ese perfil era manejado por el activista.
En Irán, el cargo de “corrupción en la tierra” no se aplica únicamente a delitos económicos o de corrupción administrativa. Se trata de una figura penal de máxima gravedad que las autoridades utilizan con frecuencia en causas relacionadas con la disidencia política, la participación en protestas y el ejercicio de la libertad de expresión.
El abogado de Musavi, Reza Shafakhah, escribió en su cuenta de X que la condena se dictó “en relación con la actividad en línea de la cuenta de Twitter ‘James B. Dean’”. La frase fue reproducida textualmente por el defensor.
“(Fue condenado) en relación con ‘la actividad en línea de la cuenta de Twitter ‘James B. Dean’’”, escribió en X su abogado, Reza Shafakhah.
Los contenidos que publicaba Musavi aparecían en X e Instagram bajo los seudónimos James Bi Din —que en persa significa “James sin fe”— y James B. Dean. Ambas cuentas fueron suspendidas. Las autoridades identificaron a Musavi como el responsable de la cuenta de X y lo detuvieron en el aeropuerto de Teherán cuando se disponía a viajar a la isla de Kish, en el golfo Pérsico.
La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmó que la condena responde a su “disidencia en línea” contra las autoridades iraníes. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, también corroboró la existencia de la sentencia.
IHR señaló que Musavi apareció en octubre de 2025 en la televisión estatal iraní, donde realizó confesiones en un reportaje que lo acusó de actuar como agente israelí para incitar a las protestas nacionales de 2022. La organización indicó que posteriormente se retractó de esas declaraciones.
Entidades defensoras de derechos humanos acusan a las autoridades iraníes de recurrir a torturas para obtener confesiones forzadas que después son difundidas en la televisión estatal. Según IHR, Irán ejecutó a 36 hombres vinculados con las protestas de enero de 2026.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, alertó que Irán intensificó la represión y amplió el uso de la pena de muerte después de las protestas nacionales registradas entre finales de diciembre y mediados de febrero.
En un informe distribuido el jueves a la Asamblea General de la ONU, Guterres indicó que 151 personas fueron ejecutadas en los primeros tres meses de 2026. El documento señala: “En algunos casos, parece que la pena capital también se utilizó como medio de control, con un efecto disuasorio sobre activistas, manifestantes y aquellos considerados una amenaza para la seguridad nacional, o por motivos políticos”.
“En algunos casos, parece que la pena capital también se utilizó como medio de control, con un efecto disuasorio sobre activistas, manifestantes y aquellos considerados una amenaza para la seguridad nacional, o por motivos políticos”, señala el documento.
La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que al menos 53.777 personas fueron detenidas en Irán por su presunta vinculación con las protestas que tuvieron lugar entre el 25 de diciembre de 2025 y el 15 de febrero de 2026.
El organismo recogió denuncias de torturas y malos tratos atribuidos a las autoridades iraníes. Los testimonios mencionan violencia sexual, palizas graves, ahogamiento simulado y aislamiento prolongado. El informe indicó que las autoridades invocaron razones de seguridad nacional tras la escalada de hostilidades del 28 de febrero para ampliar el uso de la pena de muerte, las detenciones masivas y los arrestos.
Fuente: Infobae