En un movimiento sin precedentes contra el poder de las Big Tech, el Gobierno ha decidido solicitar formalmente a la Fiscalía que inicie investigaciones contra X (antes Twitter), Meta y TikTok. La causa principal radica en la generación y distribución de pornografía infantil a través de herramientas de inteligencia artificial. El presidente Pedro Sánchez fue el encargado de comunicar este martes que el Consejo de Ministros hará uso del artículo 8 del Estatuto Orgánico para poner en marcha este proceso judicial.
A través de un mensaje difundido en la plataforma X, el jefe del Ejecutivo fue enfático al señalar las consecuencias de la falta de control en el entorno digital:
“Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar”
Esta problemática no solo preocupa a las autoridades españolas; la Comisión Europea también mantiene bajo vigilancia estas prácticas. El pasado 26 de noviembre se abrió una línea de investigación específica sobre Grok, la IA desarrollada por Elon Musk. De acuerdo con datos revelados por una investigación conjunta del CCDH y The New York Times, dicho sistema facilitó la difusión de más de tres millones de imágenes sexualizadas en un periodo de apenas 11 días. De esa alarmante cifra, se determinó que 23.000 imágenes correspondían a menores de edad, aprovechando las funciones de generación de contenido visual en la red social X.
Por su parte, la titular del Ministerio de Juventud e Infancia, Sira Rego, enfatizó desde la plataforma Bluesky que esta medida busca blindar los derechos de los más vulnerables en el entorno digital. La ministra recordó que ya en el mes de enero se había instado a la Fiscalía a indagar sobre posibles delitos de pornografía infantil en X. Según explicó Rego, con la decisión tomada hoy se da un paso definitivo:
“hoy, activamos en Consejo de Ministros el Art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas”
Regulación contra un “Estado fallido” digital
El mandatario Sánchez ya había perfilado su estrategia el pasado 6 de febrero, cuando anunció una campaña compuesta por cinco medidas restrictivas dirigidas a las redes sociales. Una de las propuestas más destacadas es prohibir el acceso a estas plataformas a menores de 15 años. En sus declaraciones, el líder socialista calificó el entorno digital actual como un “Estado fallido”, argumentando que se trata de un lugar donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”.
Para que estas medidas se conviertan en ley, deben ser ratificadas por el Congreso de los Diputados. Actualmente, existe una percepción de consenso político sobre el tema, incluso con los sectores del principal partido de la oposición. España no está sola en este esfuerzo regulatorio; a finales de enero, la Asamblea Nacional de Francia aprobó una normativa que impide el uso de redes sociales a menores de 15 años y limita estrictamente el empleo de teléfonos inteligentes en los centros educativos, con miras a que la ley sea efectiva al inicio del próximo curso escolar.
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