Los asambleístas de diez provincias que se ubican en las fronteras del Ecuador apoyan la implementación de una tarifa diferenciada del 5 % al impuesto al valor agregado (IVA), para bienes producidos por nuevas industrias en zonas de frontera, dentro del proyecto de ley de Transparencia Social calificado como económico urgente.

La propuesta surgió del asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) Steven Ordóñez, representante de la provincia de El Oro, quien sostiene que en lugar de la tarifa general establecida por la ley, esto es el 15 % del IVA, se implemente una tarifa del 5 % del IVA para los bienes que produzcan las nuevas industrias en las provincias fronterizas, siempre que incorporen al menos un 50 % de insumos nacionales y mano de obra local certificada, con nuevos registros RUC y procesos productivos auditables, coordinados por las autoridades tributarias y ministerios competentes.

Este texto pretende ser incluido dentro del cuatro proyecto económico urgente del Ejecutivo denominado ley de Transparencia Social que abarca la regulación y la clasificación de organizaciones de la sociedad civil, ordena transparencia en el manejo de sus recursos, establece distribución de utilidades de las organizaciones de la sociedad civil y más disposiciones.

Lo que busca la normativa, según la presidenta de la mesa de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), es identificar el flujo irregular de capitales para golpear a estas economías, pues asegura que existen organizaciones sociales que están siendo utilizadas como instrumentos para cometer delitos.

Propuesta del IVA

El planteamiento es que la medida sea implementada por cinco años y estaría sujeta a evaluaciones anuales. El texto, que ya fue remitido a la Comisión de Desarrollo Económico cuenta con el respaldo de 36 asambleístas de todas las tendencias políticas, lo que permitiría que la cuarta ley urgente del Gobierno sea aprobada por una amplia mayoría, en caso de que se acepte la inclusión.

La mayoría de los asambleístas que apoyan este planteamiento pertenecen a las provincias de Carchi, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Orellana. A estos se suman legisladores nacionales como Paola Cabezas (RC) y Diana Blacio (ADN).

En el documento ingresado a la mesa legislativa se determina que la aplicación de un IVA diferenciado del 5 % tendría una vigencia de cinco años y estará sujeta a evaluación anual, pues los asambleístas que apoyan la propuesta consideran que esto incentivará el desarrollo productivo sostenible en las zonas de frontera del país, la que acompañada de créditos productivos, capacitación, asistencia técnica u otros incentivos podría generar resultados positivos para el desarrollo fronterizo, cumplimiento con el mandato establecido en el artículo 249 de la Constitución que obliga al Estado brindar atención preferencial a las jurisdicciones fronterizas.

El legislador proponente, Steven Ordóñez (ADN), explica que la idea es introducir esta reforma en la ley de Régimen Tributario Interno que incluye en el proyecto urgente varias reformas, “nosotros estamos aprovechando de esa coyuntura y esperamos contar con el apoyo de la comisión y de los 34 asambleístas que representan a las provincias fronterizas”.

Aclaró que se busca otorgar un IVA diferenciado del 5 % para las fábricas o industrias nuevas, con ello no habría impacto fiscal y el propósito es implementar más fuentes de trabajo y con eso bajar el índice de inseguridad.

Ordóñez dijo que espera contar con el apoyo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y de todas las bancadas.

Recordó que las provincias más afectadas y vulnerables por el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de combustibles y sicariatos son las de frontera como la provincia de El Oro, a la que representa que tiene producción minera, posee puertos, bananeras y cacaotera.

Afirmó que es uno de los asambleístas que apoya y defiende la creación de normativas nuevas para otorgar el apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional; pero que también la inseguridad se la combate con incentivos, con oportunidades para la gente. Con este incentivo de un IVA diferenciado se espera crear al menos unos 90.000 nuevos empleos en todas las provincias.

La legisladora nacional por la bancada Revolución Ciudadana (RC) Paola Cabezas dijo que está de acuerdo en incluir estas reformas en el proyecto urgente de Transparencia Social porque las provincias fronterizas tienen potenciales importantes que no han tenido una mirada estratégica por parte de los gobiernos.

Hay provincias como El Oro que tienen aeropuertos internacionales, tienen condiciones habilitantes que permiten la inversión extranjera. Pasa lo mismo con Esmeraldas, que hubo una inversión importante que permite una carretera que une con Colombia, que brinda facilidades habilitantes para hacer negocios directos, agregó.

Cabezas destacó que Esmeraldas tiene un puerto internacional, un aeropuerto que cuenta con esas condiciones, y si “tenemos un IVA diferenciado, vamos a permitir que empresas vayan a Esmeraldas a potenciar la actividad productiva y se generen empleos”.

“Si aprueban la posibilidad de un IVA diferenciado del 5%, nos dan condiciones inimaginables, no solamente para potenciarnos en estas áreas, sino también turismo, que también es muy importante”, subrayó la legisladora nacional de RC, quien anunció que abrirá los espacios de debate en el interior de su bancada para obtener el apoyo suficiente, pues además existen varios legisladores que representan las provincias de frontera.

Su coideario, Comps Córdova, representante de Sucumbíos, en cambio, dijo que el papel puede aguantar todo, porque como legisladores de frontera tienen experiencia, porque existe la ley de Desarrollo Fronterizo que ya habla de incentivos, pero que el Gobierno no cumple, incluidas las zonas francas.

La propuesta de implementar un 5 % del IVA diferenciado, añadió, es buena pero tocará revisar para que no constituya un “anzuelo” para boicotear el desarrollo de las organizaciones sociales que se pretende regular y además por esta vía obtener los votos para que pase el proyecto urgente.

Dijo que también existe la Ley Amazónica donde el Gobierno está debiendo a las provincias por concepto de las regalías petroleras. Entonces, primero debería cumplirse las leyes que ya están aprobadas.

El representante del Carchi, Cristian Benavides (IND), afirmó que apoyan la propuesta planteada por el asambleísta Steven Ordóñez, y por ello presentaron la propuesta por escrito a la mesa de Desarrollo Económico y que cuenta con el respaldo de varios legisladores que representan a las provincias de frontera.

Dijo que esta propuesta es bastante acertada, pues cree que los tres millones de habitantes fronterizos pueden ser compensados de alguna manera frente a las dificultades propias de ser fronterizos, como es la trata de personas, del tráfico de armas, de en general todos los delitos concernientes a la frontera entre contrabando y otros.

Benavides comentó que también se está agregando en el documento que el Ejecutivo entregue créditos a distintos sectores para hacer estas nuevas empresas, es decir, un acompañamiento que debería existir por parte del Gobierno en temas de capacitación.

La propuesta no altera el presupuesto del Estado, afirmó el representante de Carchi, porque está dedicado para las empresas nuevas; porque no se cambiaría el curso de lo que se está actualmente recaudando.

El trámite del proyecto urgente está en la etapa de elaboración del informe para segundo y definitivo debate, que sería entregado este fin de semana para luego ser tramitado en el pleno de la Asamblea Nacional. (I)

Fuente:El Universo