La organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió una grave denuncia este jueves al alertar que 40 ciudadanos pertenecientes a la etnia uigur se encuentran actualmente en condición de paradero desconocido. Estos individuos fueron deportados hace aproximadamente un año desde Tailandia hacia China, pero el seguimiento de su situación fue interrumpido en junio pasado tras la suspensión de las visitas de monitoreo que el gobierno tailandés se había comprometido a realizar.
El traslado forzoso ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando las autoridades de Bangkok procedieron con la expulsión de estos 40 uigures, quienes habían residido en el país del Sudeste Asiático durante una década. Esta medida, ejecutada tras un convenio con China, provocó una ola de críticas por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas.
Al cumplirse casi un año de la entrega, HRW recordó las circunstancias del operativo:
“Subieron a 40 uigures a camiones con los cristales oscurecidos y los devolvieron por la fuerza a China”
. La ONG advirtió que el rechazo del régimen chino a entregar información sobre su localización o estado actual constituye una “desaparición forzada en virtud del derecho internacional”.
De acuerdo con HRW, Tailandia detuvo en junio las audiencias periódicas cuyo fin era “garantizar el bienestar de los deportados”. Dichas verificaciones debían efectuarse en Xinjiang, la provincia de origen de los uigures, un territorio donde el régimen de Beijing mantiene un control férreo y restringe severamente el acceso a la prensa extranjera e independiente.
El último contacto oficial reportado por el gobierno tailandés se dio en marzo pasado. En esa fecha, una delegación encabezada por los entonces ministros de Defensa y de Justicia realizó una visita de inspección a 14 de los ciudadanos deportados.
Contexto diplomático y presión internacional
La decisión de Tailandia de proceder con las deportaciones se enmarcó en un intento por fortalecer sus vínculos con China. Esta relación se había tensado debido a la expansión de centros de estafas en la frontera con Myanmar, una situación que impactó negativamente en el turismo chino, sector vital para la economía de Tailandia.
A pesar de que las autoridades presentaron estos retornos bajo el concepto de “reunificaciones familiares”, sus parientes en el extranjero aseguran no haber tenido noticias de ellos desde el momento de la deportación. Además, el régimen ha bloqueado el acceso a la zona a expertos de la ONU y a cualquier tipo de observador externo.
Human Rights Watch destaca que Tailandia no es un caso aislado, ya que en los últimos diez años otros países han realizado acciones similares contra la comunidad uigur:
- Egipto
- Camboya
- Malasia
- Marruecos
- Arabia Saudita
- Tayikistán
- Turquía
Ante esta realidad, la ONG exige que los gobiernos y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reconozcan oficialmente a los uigures como refugiados para evitar nuevas expulsiones.
Represión sistémica en Xinjiang
Diversos organismos internacionales han denunciado que el régimen liderado por Xi Jinping mantiene a miles de uigures en campos de reeducación en Xinjiang. Por su parte, el gobierno chino argumenta que estas medidas son necesarias para combatir a grupos independentistas a los que responsabiliza de ataques terroristas.
Asimismo, las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por el riesgo de asimilación cultural forzada de menores uigures y otras minorías de fe musulmana, en lo que varias organizaciones califican como un proceso de “genocidio cultural”.
En un informe previo del 4 de febrero, HRW también señaló al régimen por la negación sistemática de las libertades de asociación y expresión, utilizando el aparato judicial para perseguir a quienes se oponen al Gobierno y al Partido Comunista de China (PCCh).
Finalmente, se advirtió sobre el control riguroso de la libertad religiosa, permitiendo únicamente cinco credos oficiales y reprimiendo a congregaciones católicas y protestantes que operan fuera del control estatal. Al mismo tiempo, se reporta un aumento en la discriminación contra mujeres y niñas, mientras las autoridades promueven modelos familiares tradicionales para contrarrestar la disminución de la tasa de natalidad en el país.
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