Verónica Serrano Tama, hija del exministro José Serrano, como parte de la defensa técnica del exfuncionario correísta pide al juez del caso Magnicidio FV, Geovanny Freire, ordene el traslado inmediato de su padre “al Centro de Detención Provisional de Quito”.
La solicitud es parte de un escrito en el que Serrano Tama le hace saber al juez Freire que es parte del equipo de abogados que representa al exministro dentro de la causa en la que es acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Reconoce que suscribe el escrito sin la firma de su padre y cliente porque desde que fue deportado de Estados Unidos e ingresó a la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, el 28 de agosto pasado, no habría tenido contacto personal, sino que se habría limitado a comunicaciones telemáticas vigiladas.
La petición de traslado se hace con fundamento en los artículos 51, numerales 2 y 4, y 203.1 de la Constitución, que refieren que únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación social; los artículos 12 y 678 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); y la regla 59 de las Reglas Mandela, según la cual, explica, en lo posible, “las personas privadas de libertad deben ser internadas en establecimientos cercanos a su hogar”.
El escrito de la abogada e hija de Serrano llega en momentos que el juez Freire, con algo más de un mes de anticipación, convoca a los sujetos procesales que intervinieron en la audiencia preparatoria de juicio dentro de Magnicidio a reinstalar la diligencia el próximo 29 y 30 de octubre.
Freire llama a las partes para dar a conocer la decisión oral sobre si llama o no a juicio a las siete personas acusadas como autores mediatos del crimen al estilo sicariato del presidenciable de la Alianza Gente Buena-Construye, hecho ocurrido el 9 de agosto de 2023.
El juez penal suspendió, el 14 de agosto pasado, la audiencia preparatoria de juicio, luego de 20 días de que la Fiscalía, las tres acusaciones particulares y las defensas de los siete procesados dieron a conocer su dictamen fiscal acusatorio, el respaldo de las víctimas al dictamen de Fiscalía y la respuesta que las defensas de los investigados tenían para el mismo.